El juez Santiago Pedraz ha acordado abrir un pieza separada para investigar la "trama jurídico-financiera" que ha rodeado el secuestro del pesquero "Alakrana" para identificar a los "comisionistas" y a los bufetes de abogados que negociaron el rescate supuestamente pagado por la liberación del atunero vasco.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han precisado que el magistrado de la Audiencia Nacional, que ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, tiene previsto desplazarse la próxima semana a Gernika (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra) para tomar declaración a los 16 tripulantes españoles del atunero una vez que éstos hayan regresado a España.

Respecto a la pieza separada abierta hoy, Pedraz no ha acordado practicar ninguna diligencia puesto que en el escrito que ayer le presentó el fiscal encargado del caso, Jesús Alonso, no solicitaba ninguna concreta.

El Ministerio Público solicitó investigar "a los comisionistas intervinientes en la liberación, así como a los bufetes de abogados (con sede en Londres y otros países europeos) que hayan podido participar en las negociaciones del secuestro y demás hechos concurrentes con los citados".

Esta solicitud se ha producido después de que varios medios hayan asegurado que el "Alakrana" fue liberado tras el pago de un rescate de entre 2,3 millones y 2,7 millones de euros.

La Fiscalía también reclamó que se identificase y localizase a los marineros secuestrados para poder tomarles declaración y que aclaren las circunstancias en las que ocurrieron los hechos investigados, lo que el magistrado realizará la próxima semana, aunque aún no se ha concretado los días exactos.

La declaración de los marineros se enmarca en la causa principal sobre el secuestro del "Alakrana" que instruye Pedraz, que ya ha concluido el sumario abierto contra "Abdu Willy" y "Raageggesey Adji Haman", detenidos por participar en el asalto del pesquero, y lo ha enviado a la sala de lo penal para su enjuiciamiento.

El juez ha procesado a los dos supuestos piratas por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas -no les ha acusado de asociación ilícita-, y la Fiscalía ya ha anunciado que rechaza pactar un acuerdo para que ambos detenidos puedan ser expulsados a Somalia y que tiene previsto solicitar penas que superan los 200 años de cárcel.