La tijera de los Presupuestos de 2011, los de las cuentas de la austeridad absoluta, ha chocado contra una piedra que no ha sido capaz de limar: el gasto social. En el proyecto presentado ayer por el Gobierno, esta partida, tratada durante tanto tiempo como intocable por José Luis Rodríguez Zapatero, crece hasta representar el 58% del total del gasto, seis puntos porcentuales más que en las cuentas de 2010.

Ese salto en el porcentaje no refleja la realidad con exactitud, puesto que se debe a que el gasto total se reduce un 10%, influenciado por el recorte generalizado del resto de partidas y, sobre todo, por la nueva fórmula de financiación autonómica (que destina un 41,8% menos a transferencias a otras administraciones en favor de una mayor participación directa en los impuestos). Pero incluso en términos absolutos, el gasto social crece un 1,3% respecto a 2010, situándose en un total de 183.231 millones de euros.

El Estado tiene que aportar ya más del 50% del subsidio de desempleo

No es que los recortes no lleguen a algunas de las banderas del Ejecutivo, pero hay una partida del gasto social cuyo crecimiento no se puede contener: las pensiones. Su polémica congelación no es sino un sorbo en el océano de una población cada vez más envejecida. Se trata de largo de la partida más voluminosa del gasto social. De hecho, son la más voluminosa de todas las políticas de gasto. El Estado empleará en pagar a sus pensionistas 112.215 millones de euros en 2011, un 3,6% más que lo presupuestado para el presente ejercicio, el 61% del total para el gasto social. Por el envejecimiento de la población, las pensiones contributivas, que son las que sufrirán la polémica congelación decidida en el ajuste del gasto, supondrán en total un 4% más a las arcas públicas que en el presente ejercicio.

La partida es tan voluminosa que no hay quien la barra bajo la alfombra para pasar la prueba del mercado, que se ha puesto ahora a mirar si esa bola creciente es sostenible y exige que las reformas se dirijan allí. El Gobierno ya está en ello y se ha comprometido públicamente a haber impulsado una reforma del sistema para finales de este año.

La aportación para dependencia se reducirá un 5,2% en 2011

La otra gran partida del gasto social es el desempleo, partida que se recorta un 1,6%. En un país con 4,6 millones de parados y un número de beneficiarios de prestaciones que se prevé ascienda a 2,889 millones de personas en 2011, el Estado tendrá que aportar más del 50% de las prestaciones por paro. En total: 15.780 millones de los 30.140 millones que serán necesarios para pagar a quien ha perdido su trabajo. El resto (14.360 millones) procederá de las aportaciones sociales de empresarios y trabajadores, que dejaron de ser capaces de financiar en solitario las prestaciones por desempleo a partir del año 2007.

Tampoco escapan al recorte las políticas que, en teoría, están destinadas a mitigar el efecto de ese lastre que es el paro. Como las políticas activas de empleo, que disminuyen un 5,5% hasta 7.323 millones, y en las que se incluyen las de inserción e incentivación de la contratación.

En cuanto a los créditos para Formación Profesional para el Empleo, se reducen también en el próximo ejercicio un 4,25% respecto a 2010, situándose en 2.200 millones.

1. Presidente del Gobierno

El sueldo del presidente del Gobierno para 2011 será de 78.185 euros anuales, la cantidad que se fijó en el plan de ajuste anunciado en mayo, según el cual el sueldo de los altos cargos del Estado se redujo un 15%, cuantía que ahora se mantiene en todos los casos.

2. Vicepresidentes

Los tres vicepresidentes del Gobierno tendrán una asignación anual de 73.486 euros cada uno.

3. Ministros

Para los ministros, el sueldo de 2011 se mantiene en los 68.981 euros que cobran desde que se aprobó el plan de ajuste en mayo.

4. Presidente del Consejode Estado

El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio, tendrá un salario durante el próximo año de 77.808 euros.

5. Presidente del Consejo Económico y Social

La asignación prevista en los Presupestos para Marcos Peña , presidente del Consejo Económico y Social, es de 85.004 euros anuales.