Los pensionistas serán quienes decidan cómo quieren cobrar el dinero que adelanten al pagar el 10 % de sus medicinas, una cantidad de la que se les devolverá lo que exceda de un máximo de entre 8 y 18 euros al mes en función de su renta.

Así lo ha indicado a Efe la directora general de Cartera de Servicios y de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Sagrario Pérez Castellanos, al ser preguntada sobre una cuestión que inquieta a los jubilados: cómo recibirán este dinero una vez que se ponga en marcha el nuevo sistema de copago farmacéutico a partir del 1 de julio.

"La opción es del usuario: será quien decida en último término cómo quiere que se produzca la devolución", ha comentado Pérez, quien ha dicho que "lo ideal" sería que "diera una cuenta bancaria" para que este montante "se pudiera ingresar de forma automática" pero también se le podrá "dar en mano".

La responsable de Farmacia ha hecho una defensa del sistema de protección de datos del Ministerio de Sanidad, porque es "el más potente" al contener información confidencial "muy sensible" relacionada con la salud de los pacientes.

No obstante, ha insistido en que "el usuario es el que va a decir: 'oiga pues yo prefiero venir en persona y no quiero dar mi cuenta bancaria'", de modo que estas personas tendrán una oficina o servicio para que se les devuelva el dinero.

Los pacientes también podrán decidir cada cuánto tiempo quieren que se les hagan los ingresos aunque el reembolso se producirá en un máximo de seis meses.

La directora general ha dicho que existirá la posibilidad de cobrar mensualmente o también de "acumular" y recibir el dinero adeudado cada tres meses o cuando el paciente lo considere conveniente.

Actualmente, el usuario ya adelanta en algunas comunidades el dinero de algunas prestaciones o productos sanitarios como, por ejemplo, las muletas, por lo que, según Pérez, el sistema de reembolso es algo habitual y las medidas aprobadas no supondrán ningún problema.

Las bases de datos clínicos del departamento que dirige Ana Mato se "cruzarán" con las de Hacienda y con las del Instituto Nacional de Empleo (INEM) para que cada ciudadano se ajuste a un determinado código por el que se le indicará qué porcentaje de los fármacos debe abonar en función de su renta o si están exentos del pago.

Estos últimos son los jubilados con rentas no contributivas, los parados de larga duración sin prestación, los perceptores de rentas de integración social, personas con discapacidad y afectados del síndrome tóxico, además de aquellos que sigan un tratamiento derivado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.

Pérez ha recordado que al final de este año todas las comunidades tendrán que haber incorporado la denominada "tarjeta única" que será "interoperable" en todo el país, para que cualquier paciente pueda recibir atención sanitaria en los centros de salud y adquirir sus medicamentos en las farmacias de cualquier lugar de España.

A partir de ese momento, comenzará a funcionar también la receta electrónica en el conjunto del país. En algunas regiones como Galicia ya está implantada y en otras, como Castilla y León, está más atrasada.

"En esas comunidades donde la receta electrónica está más desarrollada, obviamente todo será mucho más rápido que en aquellas que no tengan ese sistema", ha confesado.

La directora de Farmacia ha dicho, no obstante, que en estos momentos la tarjeta sanitaria individual ya permite tener identificados a todos los individuos a través de los cruces previstos en este real decreto. "Tenemos todo el círculo cerrado", ha sentenciado.

Con la nueva receta electrónica, el médico tendrá en el sistema toda la información relativa al paciente, incluido su historial clínico, y la farmacia tendrá acceso al tratamiento que éste le prescriba.

Pérez ha señalado que todo el proceso de "e-salud" hubiera sido más sencillo y homogéneo si se hubiese partido de un sistema único en lugar de hacerlo de desarrollos tecnológicos diferentes en cada comunidad autónoma.