El peronismo respalda a Fernández y embiste duramente contra el campo argentino

El gobernante Partido Justicialista (PJ) brindó hoy un fuerte respaldo a la presidenta argentina, Cristina Fernández, y calificó la protesta del sector agropecuario como "un ataque antidemocrático con ánimo destituyente".

Después de una reunión del Consejo Nacional del PJ, la primera que convoca el flamante titular del partido, el ex mandatario argentino Néstor Kirchner, gobernadores oficialistas leyeron un documento con las conclusiones del encuentro de la "mesa chica" del Justicialismo.

El principal vocero fue el gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, quien sostuvo que el PJ "respalda" la labor y "el modelo de país" que "está construyendo Cristina Fernández".

La conducción del PJ ratificó el "rumbo económico con superávit fiscal", destacó los esfuerzos del Gobierno por lograr una solución al conflicto con el campo y tildó de "partido agrario de oposición" a los productores rurales que se oponen al esquema impositivo a las exportaciones de granos, detonante del prolongado pulso.

En ese sentido, consideró que "no permitirá más ataques" a la figura presidencial como los escuchados el domingo en un masivo acto del campo en la ciudad de Rosario, a 350 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, y remarcó que el reclamo "va más allá de las retenciones (impuesto a las exportaciones)"

El PJ dijo que se ha visto en la obligación de fijar "claramente una posición política" e insistió en tachar de "salvaje" la protesta.

"Se ufanan de desabastecer y encarecer los alimentos. Sorprende que hablen de dialogar cuando solamente desacreditan", sostuvo otro duro fragmento del documento, que abundó en cifras macroeconómicas del mandato de Kirchner (2003-2007).

Horas antes, la principal central sindical de Argentina denunció una "escalada desestabilizadora" de la organizaciones rurales, a las que relacionaron con sectores responsables de los golpes de Estado de 1955 y 1976.

La crisis estalló el pasado 11 de marzo, cuando el Gobierno impuso un nuevo esquema de impuestos móviles a las exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz, que los productores rurales tachan de "confiscatorio" y el Ejecutivo se niega a derogar.

Desde entonces, el sector agropecuario ha realizado huelgas comerciales acompañadas de bloqueos de carreteras que causaron desabastecimiento y encarecimiento de los alimentos, además de entablar negociaciones con el Gobierno que estuvieron plagadas de idas y vueltas.