Una persecución con ocho disparos

Ricardo Hernández, de 38 años y con trastorno bipolar, murió el pasado 15 de junio tiroteado por la Guardia Civil después de una persecución en coche por varias localidades de Madrid, Ávila y Toledo.

La víctima se saltó varios controles policiales y terminó abatida dentro de su coche por los disparos de un agente.

Su familia no ha parado desde entonces en su empeño por demostrar que Hernández fue tratado como un delincuente y no como un enfermo mental.

La última prueba que aportan es el atestado policial, del que se deduce que, durante la persecución, a lo largo de seis kilómetros, los agentes de la Guardia Civil dispararon hasta al menos ocho veces a la víctima o a su vehículo.

El cadáver, a la espera del informe final del forense, presenta cuatro orificios de bala. El atestado está basado en las declaraciones de los 18 agentes que participaron en el incidente y en la inspección ocular del recorrido donde tuvo lugar el suceso. "Ricardo tenía un orificio de bala en la axila, puede que le alcanzaran durante la persecución y condujera parte de ella herido", señalan Pepe y Óscar, dos de sus hermanos. Ellos argumentan que Ricardo no iba echando a los otros conductores de la carretera, tal y como argumenta la Guardia Civil, sino que conducía herido y por eso daba bandazos.

La Guardia Civil afirma además que Hernández, al verse acorralado, atropelló a un agente. Y que al dar marcha atrás para rematarlo, otro compañero "se vio obligado a utilizar el arma reglamentaria" y lo mató. En cambio, la familia de la víctima asegura que el parte de lesiones del agente atropellado es muy leve, por lo que su vida no corrió peligro en ningún momento. "Además, Ricardo tiene un orificio de bala en la muñeca izquierda y otro en el codo derecho, por lo que a lo mejor se estaba tapando la cara en posición defensiva y no estaba dando marcha atrás", agregan sus hermanos.

La familia se ha personado como acusación particular, pero han pasado más de dos semanas desde el suceso y aún no han recibido el informe del médico forense. Todos los datos sobre la fase de instrucción de este caso los tiene un juzgado de Navalcarnero (Madrid), cuyo titular tendrá que determinar en los próximos meses si archiva el caso o inicia la apertura de una investigación. "Sólo queremos que se haga justicia, que el que mató a Ricardo pague por lo que ha hecho y no vuelva a empuñar un arma", concluyen en su entorno familiar.