En el enésimo capítulo del culebrón que envuelve a la atribulada Pescanova, el presidente de la sociedad ha desvelado este lunes que entre diciembre y febrero vendió una participación del 6,9% del capital, la mitad de las acciones que tenía, y que prestó el dinero a la empresa sin haberlo comunicado públicamente. Utilizando un comunicado de la empresa, el presidente Manuel Fernández de Sousa ha asegurado que ha aportado al regulador bursátil la documentación que acredita la entrega a la sociedad de la liquidez generada en la operación, que generó 'importantes pérdidas'.

En concreto, y según la notificación con fecha de este lunes con entrada en el registro a las 15.00 horas, Fernández Sousa llevó a cabo numerosas operaciones de venta de su participación desde el pasado 4 de diciembre hasta el 27 de febrero, deshaciéndose de un total de 1,98 millones de acciones del grupo de congelados, representativos del 6,9% del capital, a precios entre un máximo de 17,7 euros y un mínimo de 13,6 euros. Estas operaciones suponen un importe total de más de 32 millones de euros.

La ley obliga a cualquier miembro del consejo de cualquier sociedad que cotiza en la bolsa a comunicar al regulador bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cualquier cambio de participación en un plazo máximo de cuatro días. De esta manera, Fernández Sousa podría haber vulnerado esta normativa en los plazos de la comunicación al supervisor bursátil de su movimiento de participación. La última comunicación formal de Fernández Sousa a la CNMV databa del 26 de septiembre del año pasado, cuando ostentaba una participación del 14,426%. A lo largo del pasado año, el presidente de Pescanova ya había reducido progresivamente su participación en la compañía desde el 22,3% que poseía a finales de mayo de 2012, hasta el 14,4% de septiembre.

Además, el pasado 11 de marzo el organismo presidido por Elvira Rodríguez ya ordenó abrir una investigación para determinar 'la existencia de posibles indicios de comportamientos de abuso de mercado' por parte de Pescanova, de sus administradores o de terceras personas.

'Preocupado por la situación de tesorería del Grupo y las dificultades que Pescanova tenía para financiarse, decidió poner su patrimonio a disposición de la compañía para resolver problemas urgentes de liquidez', señala el presidente de la firma en el comunicado con el membrete del grupo. La compañía asegura que a principios de febrero aportó a la CNMV los documentos que acreditan los préstamos y señala: 'Esto es muy significativo porque en aquellos momentos seguía intacta la imagen de Pescanova', dice.

Entretanto, la compañía ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra la solicitud de concurso voluntario de acreedores, en cumplimento del acuerdo adoptado por el consejo de administración de la compañia el pasado 4 de abril. La firma gallega, que emplea directamente a más de 10.000 personas a nivel mundial y más de 1.500 de ellos en Galicia, subraya que cuenta 'con importantes fundamentos para sostener su actividad empresarial y generación de valor', en la medida en la que el negocio se sustenta sobre todos los pilares precisos desde la extracción, el cultivo, la elaboración y distribución.

La CNMV, que está investigando un posible uso de información privilegiada, ha requerido a la sociedad en varias ocasiones a presentar detalles de sus cuentas de 2012 que no han sido firmadas por el consejo y tampoco auditadas. Hoy lunes a las doce de la noche vence el último plazo que el regulador ha dado a la sociedad para presentar cuentas tras pedir también explicaciones sobre una solicitud de concurso en una sociedad con ingresos de más de 1.000 millones y un beneficio declarado a septiembre de 2012 de 25 millones de euros.

La firma gallega, según fuentes conocedoras de su situación económica, podría incurrir en pérdidas, con una deuda de 2.700 millones de euros, es decir, unos 1.200 millones de euros por encima de lo que figura en el pasivo auditado (1.522 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2012).

Algunos proveedores de Pescanova empiezan a sufrir las consecuencias de las tensiones de tesorería de que adolece la multinacional gallega, que ha suprimido desde este lunes el servicio de seguridad en su sede principal en Chapela (Redondela), que tenía contratado a una empresa externa, Securitas.

Fuentes sindicales han precisado que tanto en la matriz como en las filiales de Pescanova se mantiene la producción habitual en los tres turnos, que no hay por el momento problemas de abastecimiento de materia prima y que los trabajadores están 'al día' en el cobro de sus nóminas. Sin embargo, precisan que algunos proveedores 'empiezan a tener problemas en los cobros de las facturas', no solo los de servicios externos sino también empresas que abastecen a la multinacional de productos precocinados y congelados.

Por su parte, BDO, auditora de las cuentas de Pescanova, ha defendido su actuación en relación con las cuentas de la empresa y hay asegurado que no hay factores que justifiquen legalmente la revocación dictada por la dirección de la empresa. 'BDO no ha incumplido sus obligaciones ni ha incurrido en un supuesto de mala praxis, por lo que no procede la revocación de su nombramiento', dijo el auditor en una carta dirigida a Pescanova con fecha 12 de abril y hecha pública el lunes mediante comunicación relevante a la CNMV.

La auditoria, que reitera que solicitó más información a la firma después de que ésta reconociese ante la CNMV 'discrepancias' entre su contabilidad y la deuda bancaria, insta de nuevo a Pescanova a facilitar 'la información que les hemos requerido con la mayor urgencia'.

Con el consejo de administración frontalmente enfrentado, la alimentaria aprobó el pasado 5 de abril por mayoría simple solicitar concurso de acreedores y despedir al auditor, con cinco de los doce consejeros votando en contra de las propuestas y negándose a firmar las cuentas de 2012. Tras fracasar en su intento de conseguir cuentas de 2012 comprensibles, aún sin auditar, la CNMV ha emplazado a Pescanova a registrar información relevante el mismo lunes, aunque no hay consejo de administración alguno convocado.

En la batalla que se libra en torno al consejo de la empresa, cuya deuda podría ser 1,7 veces superior a la declarada según diversas fuentes, el pasado jueves el supervisor bursátil se reunió con los accionistas críticos con los gestores, que se quejaron de falta de comunicación y ausencia de información relevante, según dos fuentes con acceso al contenido de la reunión.