Pesimista e indignado se mostró hoy el sector algodonero español, que teme la desaparición del cultivo, tras la propuesta de la Comisión Europea de mantener el actual sistema de reparto de ayudas, que fue anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2006 por un recurso del Gobierno español.

Este sistema, aprobado en 2004 y que el Tribunal anuló porque "vulneraba el principio de proporcionalidad", ha provocado el descenso en la superficie cultivada (-27%), en la producción (-63%) y en el número de explotaciones dedicadas a este cultivo (-42,5%), según los datos difundidos hoy por la Junta de Andalucía, Comunidad Autónoma que concentra más del 95% de la producción española.

Datos también negativos para la industria desmotadora, que cifra sus pérdidas en 25 millones de euros sólo en la primera campaña, ha perdido un 70% de la materia prima disponible, ha cerrado una empresa y tiene siete plantas paralizadas temporalmente en espera de esta reforma.

Mientras que la Comisión Europea aseguró hoy que la distribución de las ayudas "ha funcionado bien", los productores consideraron que esta propuesta supone la desaparición del cultivo, una "burla" a las instituciones europeas y "muestra el desinterés de Bruselas" por el algodón.

Asimismo, la industria desmotadora señaló que la Comisión se "salta a la torera" la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y "viola" el objetivo del Protocolo de Adhesión de Grecia, España y Portugal, por el que se establece un régimen de ayuda destinado a sostener la producción de algodón en las regiones donde sea importante para la economía agrícola.

La Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO (FITEQA) y la Federación de Industrias Afines de UGT-A (FIA) también denunciaron que la reforma del régimen de ayudas al algodón ha supuesto desde su aplicación la pérdida de 700.000 jornales y, por tanto, 21 millones de euros de ingresos.

A esta pérdida de empleo se une el de las empresas cosechadoras, transportistas y pisadoras, que suponen unos 7.000 empleos por campaña, así como una disminución en el volumen de ventas de los productores de semillas (-40%) y empresas distribuidoras de fitosanitarios, cuyo descenso medio de negocio se sitúa en 42 millones de euros.

Desde las administraciones públicas, tanto el Ministerio de Agricultura como la Junta de Andalucía han mostrado su apoyo al sector.

El secretario de general de Agricultura y Alimentación, Josep Puxeu, aseguró hoy en Jaén que ahora es el momento de la negociación porque "un no acuerdo es la catástrofe" y que el Gobierno va a defender al sector "hasta la saciedad".

Por su parte, el consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, calificó la propuesta de "absolutamente inaceptable" y anunció que va a convocar de forma inmediata a las organizaciones agrarias.

La UE aprobó en abril de 2004 que un 65% de las ayudas se concedan por superficie o explotación, y que un 35% restante de los apoyos quede ligado a la producción en forma de una prima para una superficie limitada, que en España asciende a 1.039 euros por hectárea y se otorga a 70.000 hectáreas.