El conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy desde 2012 para reformar y recortar las administraciones públicas supondrán un ahorro total de 37.700 millones hasta 2015. Esta cifra incluye la totalidad de iniciativas correspondientes al 'adelgazamiento' de las administraciones públicas (estatal, autonómica y local) que lleva adoptando el Ejecutivo desde que accedió a La Moncloa, en diciembre de 2011, según explicaron la vicepresidenta y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Estas medidas abarcan desde el ajuste estructural de las administraciones hasta la reforma de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora), cuyo informe ha sido aprobado este viernes por el Consejo, y pasan por el ajuste en el empleo público (375.000 trabajadores menos y tasa de reposición 'cero' salvo en un 10% de los servicios esenciales) y la reforma local, todavía por desarrollar.

Soraya Sáenz de Santamaría se ha referido además al ahorro concreto que recoge el informe de la Cora y que supone 16.300 millones para los ciudadanos y 6.500 millones para las administraciones también hasta 2015. También ha anunciado la creación de unn Oficina para la Ejecución de la Reforma de las Administraciones, que será la encargada de velar por que esta amplia reforma se desarrolla en los plazos previstos para cada medida (218 en total) La inspectora de Servicios de la Administración General del Estado (AGE) y con rango de subsecretaria, Ángeles Trigo, dirigirá este organismo que tiene 'coste cero', advirtió la portavoz del Ejecutivo. La nueva Oficina elaborará un informe cada tres meses y un análisis a fondo cada año sobre la aplicación de la reforma.

Cristóbal Montoro ha anunciado que la semana que viene convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) para informar, respectivamente, a las comunidades autónomas y a los entes locales de la reforma diseñada por el Gobierno, con la intención de lograr el máximo apoyo posible. El titular de Hacienda insistió -como dijo ayer- que el objetivo de déficit de las autonomías estará condicionado por la 'lealtad institucional'; es decir, por el grado de cumplimiento de las 'sugerencias' del Ejecutivo para eliminar duplicidades en las comunidades, como los defensores del pueblo o los tribunales de cuentas.