La Policía filipina se encuentra desde la mañana de hoy en el Centro Médico Saint Luke de Manila a la espera de poder llevar a cabo las diligencias para el arresto de la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo, lo que no puede hacer porque está en manos de los especialistas, según la emisora de radio dzBB.

Macapagal Arroyo, de 64 años, se escuda tras una cohorte de doctores que examinan su estado de salud en un hospital de Manila, después de que ayer viernes fuese puesta bajo custodia policial acusada de fraude en las elecciones de 2007.

La exmandataria fue puesta bajo la custodia del Distrito Sur de la Policía de Manila después de que agentes de esta comisaría le entregasen la orden de arresto emitida por el Tribunal Regional de Pasay esa día.

Macapagal Arroyo lleva ingresada en Saint Luke, donde se operó de la columna vertebral y por un problema en la glándula tiroides, desde el martes pasado, cuando el Gobierno le impidió salir del país pese a que el Tribunal Supremo había aprobado el viaje ese mismo día.

La exdirigente, que gobernó Filipinas desde 2001 hasta 2010, fue acusada formalmente el viernes por la Comisión Electoral de amañar los comicios legislativos de 2007.

A continuación, el citado tribunal emitió órdenes de arresto contra ella, Andal Ampatuan, exgobernador de la provincia de Maguindanao y quien es juzgado por su presunta implicación en la matanza de 57 personas en 2009, y Lintang Bedol, supervisor electoral en dicha provincia cuando se produjo el supuesto fraude.

Benjamín Abalos, presidente de la Comisión Electoral durante los hechos, también ha sido encausado, pero por el momento no pesa sobre él ninguna orden de arresto.

No obstante, Abalos fue hospitalizado de urgencia en Manila el mismo viernes y se encuentra hoy estable, según fuentes cercanas citadas por la cadena de televisión ABS-CBN.

El marido de la exmandataria, Jose Miguel Arroyo, ha sido exonerado en este caso por falta de pruebas, pero se encuentra bajo investigación en otros procesos, como el de los helicópteros de segunda mano que vendió como nuevos a la Policía Nacional.

El actual presidente de Filipinas, Benigno Aquino, ha hecho de la lucha contra la corrupción durante el mandato de Macapagal Arroyo el estandarte de su Gobierno desde que fue investido, el 30 de junio de 2010.

Uno de las acusaciones presentadas contra Arroyo corresponde al contrato que esta firmó en 2007 con la empresa de comunicaciones china ZTE para la creación de una red nacional de internet de alta velocidad y presuntamente estaba sobrevalorado en 200 millones de dólares (148 millones de euros), de los 329 millones del presupuesto total.

También está acusada de fraude fiscal en la venta de los terrenos de un antiguo aeropuerto a una empresa privada y de financiar las campañas electorales en 2004 y 2007 con los fondos públicos.

Los partidarios de Macapagal Arroyo hablan de persecución política de Aquino y lo acusan de "tirano" y de tener "poca humanidad" por impedir que viaje por motivos médicos.

Hasta el momento, ninguna de las acusaciones de delitos atribuidos a la expresidenta y su esposo han sido probadas en un tribunal de justicia.