La Justicia portuguesa inició hoy los trámites procesales para la posible entrega a España de los dos supuestos etarras detenidos el sábado pasado, tras huir cuando trasladaban una furgoneta con explosivos cerca de la frontera lusa.

Fuentes judiciales dijeron a Efe que el Tribunal de Relación de Lisboa, responsable de los procesos de extradición, tiene ya en su poder la orden europea de detención cursada por la Audiencia Nacional española e interrogará este miércoles a los dos sospechosos.

Este el primer requisito legal para la entrega a España de los presuntos etarras Garikoitz García Arrieta e Iratxe Yáñez Ortiz de Barron, que deberán decidir los magistrados del Tribunal de Relación.

Los dos detenidos, que serán interrogados por separado por los jueces Trigo Mesquita y Joao Carrola, permanecen en la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la capital portuguesa, después de que el lunes quedasen en prisión preventiva tras otro interrogatorio celebrado en el Tribunal Central de Instrucción Criminal.

Esta corte decidió que García Arrieta y Yáñez Ortiz de Barron permaneciesen en prisión preventiva en aplicación, por primera vez desde su aprobación, de la ley portuguesa 53/2003, que contempla el delito de relación con organización terrorista.

Según reveló el abogado de los dos detenidos, José Galamba, el juez les aplicó la presión preventiva por sospechas de robo y terrorismo, en el caso de García, y posibles delitos de falsificación de documentos y apoyo a actos terroristas, en el caso de la mujer, Yáñez.

Los dos supuestos etarras fueron detenidos el pasado sábado por la noche por la Guardia Nacional Republicana lusa (GNR), después de haber escapado a una operación de la Guardia Civil española cuando trasladaban en dirección a Portugal una furgoneta con abundante material para fabricar bombas.

Ahora la entrega a España, que su abogado defensor reconoce que quiere evitar, depende del cumplimiento del mandato de detención europeo, un procedimiento judicial destinado a agilizar los procesos internacionales entre los miembros de la UE que evita los complejos mecanismos de la extradición y busca un más rápido traslado de los sospechosos, pero no está exento de actuaciones legales.

Entre otras circunstancias por el derecho a recurso de la defensa la entrega de los detenidos en cumplimiento de la orden cursada por el juez español Fernando Grande-Marlaska puede no ser inmediata, según la legislación portuguesa.

García Arrieta y Yáñez Ortiz de Barron pasaron el lunes siete horas en los tribunales lusos, cuatro de ellas en un interrogatorio asistido por un intérprete de castellano, y entraron y salieron de las dependencias judiciales fuertemente custodiados por la Policía.

Las autoridades lusas no han dado información oficial sobre sus actuaciones en el caso y ha sido el abogado portugués de los detenidos quien ha informado del régimen de prisión preventiva en el que el juez Carlos Alexandre puso a sus clientes.

A la hora de tomar esa decisión, el magistrado tuvo en cuenta las acusaciones que pesan sobre ambos en España, dado que los delitos que se les imputan en Portugal son de poca importancia: resistencia a la autoridad, uso de documentación falsa y robo de vehículos.

La Justicia lusa también ha ponderado en su decisión el posible peligro de fuga y la continuación de la actividad criminal de los acusados, dos argumentos que avalan los esgrimidos por la Audiencia Nacional española para reclamar a los detenidos, a los que vincula con la organización terrorista ETA y sus atentados.

Uno de los supuestos etarras, García Arrieta, conducía, según las autoridades españolas, la furgoneta con los explosivos y logró huir en el automóvil de los guardias civiles que inspeccionaban el vehículo.

Yáñez Ortiz de Barron le precedía en otro automóvil para alertarle de posibles controles policiales.

Tras cruzar la frontera portuguesa, el hombre fue detenido en la localidad septentrional de Torre de Moncorvo, después de una persecución de la GNR, y a ocho kilómetros, en Ponte do Pocinho, fue apresada la mujer.