La Justicia lusa investiga si un fondo de inversión intervino en 2010, antes del rescate de Portugal, para perjudicar su deuda y sacar beneficio con la divulgación de un articulo negativo sobre el país en un medio internacional. Fuentes de la Fiscalía lusa confirmaron la apertura de esta investigación, aunque declinaron precisar la identidad o nacionalidad de los implicados, sujetas al secreto del proceso.

En medio de la presión que sufren deudas soberanas como la de Portugal, no faltan sospechas entre autoridades y especialistas sobre los métodos para obtener lucro con la especulación. Pero no es frecuente, al contrario que en las operaciones de la bolsa, que la Justicia encuentre como ahora material para investigar posibles fraudes.

La denuncia ante la Justicia provino de la Comisión del Mercado de Valores (CMVM) lusa, cuyo presidente, Carlos Tavares, desveló el caso en el seno de una comisión parlamentaria y señaló que las autoridades portuguesas han contado en este caso con el apoyo del supervisor del mercado de capitales norteamericano. Según Tavares, el artículo fue divulgado en un periódico de prestigio internacional y uno de los autores era accionista y administrador de un fondo de inversiones con títulos de deuda portuguesa en cartera que apostaba por su devaluación.

Esta es una práctica habitual del llamado short selling (posición o venta corta), en la que un inversor toma prestado un valor con el compromiso de comprarlo y devolverlo en una fecha posterior, logrando beneficio solo si, entretanto, el valor baja. Según la investigación, cuyas sospechas avalan analistas del mercado consultados, si el inversor consigue impulsar ese descenso de precio, con la propia venta o influyendo en el mercado, al recomprarlo a un coste menor para devolverlo al dueño original habrá asegurado su beneficio.

En el caso detectado por las autoridades lusas, la apuesta del fondo de inversión no ganaba si la deuda portuguesa mejoraba su cotización, y cuando empeoró, tras la publicación del artículo, se produjo 'la obtención de una ganancia considerable', de acuerdo con Tavares. El texto periodístico en cuestión fue publicado en 2010, poco después de que Grecia se convirtiese en el primer país de la UE en solicitar el rescate financiero, y en él se pronosticaba que Portugal necesitaría también de ayuda externa.

El país acabó pidiendo la asistencia financiera en abril de 2011 después de varios meses bajo intensa presión de los mercados que derivó en una subida de intereses de su deuda insostenible para el Estado luso. Prácticas como ésta se han detectado a lo largo de los últimos años en diferentes escenarios, según el presidente del grupo de Investigación sobre Finanzas Públicas de la Universidad de Oporto, Abel Fernandes. Fernandes asegura que 'una de las formas más comunes' de perjudicar un título para beneficio propio es la de 'diseminar noticias falsas o inexactas sobre perspectivas futuras'.

Fernandes subraya que las autoridades han reforzado su atención a ese tipo de movimientos después de la crisis de 2008, debido a la sucesión de escándalos financieros, y vigilan 'cualquier comportamiento ilegal que envuelva a agentes del mercado'. Pero quita hierro a las consecuencias de esas acciones fraudulentas: 'Los responsables políticos han culpado sistemáticamente a los especuladores de la situación difícil que vive Portugal, cuando no es sólo por ellos'.

'Los especuladores existen y pueden influir, pero en el caso de la deuda lusa se debió más a una recomposición de carteras de los inversores por el riesgo de incumplimiento', apunta. Sobre los controles adecuados para impedir que prácticas ilegales de los mercados pongan en riesgo a todo un país, Fernandes expresa que 'una regulación correcta y la fiscalización son los mejores mecanismos'. Pero admite el 'peligro' de que las entidades supervisoras se puedan dedicar 'más a proteger los intereses de las empresas que a su verdadera misión'.

El presidente de la CMVM lusa defiende que casos como éste prueban la necesidad de 'volver a un mercado de deuda más transparente'. Las prácticas de short selling han suscitado amplia polémica en los últimos años, e incluso algunos supervisores europeos han lanzado prohibiciones temporales para controlar sus efectos.