El PP sólo concreta un tercio de su plan de recorte de gastos

En la oposición, algunas veces hacer propuestas sale gratis. Incluso aunque sean de difícil cumplimiento. Las cifras vuelan conscientes de que son un canto al sol, de que nunca acabarán plasmadas en el papel. Eso es lo que, a juicio de los expertos consultados por Público, llevó al PP a solicitar hace dos semanas un recorte de 10.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado para 2010. Álvaro Nadal, uno de los cerebros económicos del partido, reconoce que "las cifras son aproximadas, más como gesto de austeridad que como medida concreta".

La realidad es que una enorme parte del recorte propuesto por el PP, que se recoge en la enmienda 177 al proyecto de Presupuestos del Estado para 2010 que se acaba de debatir en el Congreso, responde sólo a estimaciones que ni se concretaban en el texto ni sus responsables son capaces de cifrar. De esos 10.000 millones, los conservadores sólo especifican el origen exacto de 3.677 millones, poco más de un tercio del total.

En el PP dicen que es el Gobierno el que debe señalar a los perjudicados

Una de sus medidas estrella, la reducción de dos ministerios y una vicepresidencia, sólo ahorraría, según el PP, 300 millones de euros, un 3% del total, un ahorro cuestionado por los expertos consultados que, según destacan, es prácticamente irrealizable por la realidad del presupuesto y también del propio funcionamiento de la Administración.

Las cifras no cuadran

Hay más casos especialmente significativos. En su enmienda, el PP propone una reducción de 2.500 millones en las "transferencia de capital a empresas públicas", especialmente en aquellas sociedades y entes públicos que no tienen carácter inversor.

La supresión de tres ministerios sólo ahorraría 300 millones

Peso es una medida difícilmente aplicable, pues el total de transferencias asciende a sólo 1.183 millones. Ni siquiera incluyendo en el recorte las aportaciones patrimoniales del Estado a estas empresas se podría alcanzar la cifra. Algo similar ocurre con varias de las partidas, como rebajar los gastos corrientes en 850 millones o reducir en 27 millones el gasto en asesores.

Tampoco es posible encontrar el origen detallado de los otros 6.323 millones del plan que defiende el PP. Una parte vendría de un recorte significativo de la ayuda al desarrollo y las aportaciones a organismos internacionales. La mayoría, más de 5.000 millones, procederá, sin embargo, de subsanar la "doble financiación" que, según los conservadores, el nuevo sistema de financiación producirá en algunas transferencias.

Álvaro Nadal prefiere quedarse con el carácter simbólico del recorte propuesto. "Es un paso que busca acordar con el Gobierno un giro en la política económica", explica. A su juicio, lo realmente importante es mandar un mensaje de tranquilidad y responsabilidad a los ciudadanos.

El PP se apoya en la advertencia de déficit excesivo de la Comisión Europea

Los conservadores son partidarios de sentarse con el Gobierno y repasar punto por punto los Presupuestos y las cuentas de cada organismo para detectar y eliminar el gasto superfluo. En cada uno de los debates sobre economía que se han celebrado en el Congreso, el PP ha llamado la atención sobre los peligros del alto déficit al que recurrirá el Ejecutivo para desarrollar sus políticas. Los 10.000 millones supondrían reducir aproximadamente un punto porcentual de PIB ese endeudamiento, que las previsiones del Gobierno sitúan en el 5,4%. Los conservadores citan incluso a organismos internacionales como la Comisión Europea para señalar "el grave riesgo" de las finanzas públicas.

La amenaza del déficit hace a otros diputados conservadores llevar el recorte necesario más allá de los 10.000 millones recogidos en la enmienda. Creen que es el momento de un tijeretazo radical que sanee las cuentas. La propuesta no salva ni siquiera al gasto social. En su opinión, aumentando la eficacia en la gestión administrativa sería posible reducir las inversiones sociales sin que empeorara la calidad de los servicios.

Una queja se repite en todos ellos. No consideran justo que el Gobierno les desafíe a concretar de dónde recortarían los gastos. En su opinión, aunque el recorte es imprescindible, no es el PP el que debe cargar con su peso político. Fuentes cercanas a la dirección del Grupo Popular están dispuestas incluso a compartirlo; es decir, a respaldar al Gobierno en rebajas pactadas previamente, pero no a aparecer como "los malos de la película" señalando a los perjudicados.

Sitúa en la ausencia de datos oficiales el origen de su propia inconcreción

Ponen para explicarlo un ejemplo muy gráfico: "Es como si un padre encarga a uno de sus hijos decidir a cuál de sus hermanos debe reducir la paga".

Sea por lo que sea, el PP se mueve en la inconcreción absoluta. Apuesta por recortar, pero hasta que lo desvelen, nadie sabe de dónde.

Los 10.000 millones que el PP aseguraba que podía ahorrar al Estado

Empresas públicas

El PP sostiene que es posible reducir las transferencias de capital a empresas públicas sin que por ello descienda el nivel inversor del Estado. No especifica, sin embargo, qué empresas ni qué funciones sufrirían el tijeretazo. Total: 2.500 millones de euros.

El proyecto de Presupuestos sólo contempla 1.183,62 millones como transferencias de capital a empresas, notablemente menos de lo que plantea el PP. Los expertos apuntan que el partido de la oposición se pueda estar refiriendo a las aportaciones patrimoniales, que registran una cantidad parecida, 5.393 millones. Pero sólo 2.174 milones son para empresas públicas, y el grueso de esa cantidad es para inversiones de Adif, Renfe y los puertos.

Gasto corriente

El PP cree, basado en sus experiencias previas de gobierno, que, por su carácter “superfluo”, se puede recortar un 10% de los gastos corrientes en bienes y servicios recogidos en el Capítulo 2 de los Presupuestos. Total: 850 millones de euros.

El presupuesto consolidado (con Seguridad Social y otros organismos) prevé 8.542,91 millones para gastos corrientes. De estos, 4.989 millones son para cubrir la prestación de servicios (Defensa, Interior, asistencia sanitaria de los funcionarios, Agencia Tributaria o prestaciones sociales para los marineros) que no se pueden recortar. Luego, si se quiere mantener el funcionamiento de la Administración, es difícilmente asumible quitar 850 millones a los 3.554 millones restantes.

Adelgazar el Gobierno

Para dar ejemplo de austeridad, el PP propone eliminar la Vicepresidencia Tercera y Cooperación Territorial, y los ministerios de Igualdad y Vivienda. Sus funciones quedarían repartidas entre los demás departamentos. Total: 300 millones de euros.

Estas desapariciones apenas suponen ahorro, salvo que se despida a sus funcionarios o se eliminen las políticas que gestionan. En Vivienda, su presupuesto se destina al plan 2009-2012, cuyo gasto ya está comprometido, o a inversiones en la protección del patrimonio arquitectónico. Las partidas de la Vicepresidencia son para las autonomías y para el Plan E. Y en Igualdad, al tiempo que el PP pide que se elimine, plantea en otras enmiendas elevar su gasto en 20 millones.

Reducción de asesores

La proliferación de asesores del Gobierno ha sido uno de los caballos de batalla del PP contra el PSOE. Propone recortar 300 (que, según sostienen, tienen un sueldo medio de 90.000 euros anuales), un 50% de los que prestan servicios al Ejecutivo. Total: 27 millones de euros.

No salen las cuentas. Los presupuestos incluyen a los asesores en la clasificación de ‘personal eventual’. Entre Administración central, agencias públicas, organismos y Seguridad Social, el proyecto del Gobierno recoge 875 asesores, para los que hay previsto un presupuesto de 41 millones de euros (el 0,15% del total). De estos, hay 463 asesores incluidos en el grupo superior, que, si cobrasen 90.000 euros anuales, se llevarían todo el gasto previsto.

Duplicidad autonómica

El PP sostiene que el ex vicepresidente Solbes les explicó que, con el nuevo modelo de financiación autonómica, se solaparían muchas aportaciones para competencias transferidas. En base a aquellos comentarios, pide una revisión exhaustiva. Total: sin especificar.

Las transferencias para las autonomías se llevan 53.632 millones del total del presupuestos consolidado; de dicha partida, 42.144 millones corresponden a la aplicación del nuevo modelo de financiación (que se basa en la participación en los impuestos estatales y en el reparto de nuevos fondos de nivelación) y al Fondo de Compensación Interterritorial (un fondo previsto en la Constitución para inversiones en las regiones menos desarrolladas).

Apoyo internacional

El PP critica que, pese a la crisis económica interna, se hayan disparado las aportaciones a organismos internacionales y a proyectos de ayuda al desarrollo. Quieren que se revisen uno por uno.. Total: sin especificar.

Las aportaciones a organismos internacionales suman 12.753 millones; de estos, 12.200 millones son para el presupuesto de la UE. Con otros 140 millones, se pagan las cuotas de los organismos de los que España es miembro. Se podrían, entonces, revisar sólo unos 600 millones, lejos de los 10.000 que se plantea recortar. Los expertos tampoco creen que se pueda reducir mucho de los fondos de Exteriores y de Economía para el desarrollo.