El PP debe afrontar de inmediato la 'patata caliente' del sector eléctrico

El PP lleva meses diciendo que sabe "lo que hay que hacer" para que la economía remonte, pero lo que hay detrás de esa frase es una incógnita. También en el sector energético y, en particular, el eléctrico, en el que tanta indefinición inquieta a las empresas. Por no saberse, no se sabe no ya quién será el ministro de Industria, sino si habrá ministro, ya que el PP se plantea integrar la mayor parte de las competencias de esa cartera en Economía, como hizo José María Aznar. La posibilidad de que las competencias de energía se despachen con una mera secretaría de Estado tampoco gusta a las compañías. Lo consideran un mal síntoma.

La primera decisión de alcance que deberá tomar el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy será la actualización de tarifas correspondiente a enero. Según fuentes del departamento que todavía dirige Miguel Sebastián, mañana o, "como muy tarde", el martes por la mañana, fuera de los plazos establecidos, el Ministerio de Industria enviará a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la propuesta para los peajes de acceso, que retribuyen las actividades reguladas (transporte, distribución y primas a las energías renovables) y que equivalen a la mitad del recibo de un hogar.

El PP criticó cada una de las subidas de la tarifa del Gobierno del PSOE

También el martes se celebrará la subasta Cesur, que sirve para fijar el precio de la energía en el trimestre y es la referencia para la otra mitad del recibo en la Tarifa de Último Recurso, que contrata la mayoría de hogares.

Una vez en el Gobierno, el PP, que ha criticado cada subida de tarifa del Ejecutivo socialista en los últimos años, se enfrentará al dilema de subir la luz en enero o dejarla igual, con el consiguiente aumento del déficit tarifario (desfase entre ingresos y costes regulados), que en 2012 no debería superar por ley los 1.500 millones de euros. No obstante, ese límite puede rebasarse como prueba el que, este año, el desfase será de unos 3.500 millones, frente a los 3.000 millones de tope legal. La patronal eléctrica Unesa ha pedido que los peajes suban en enero un 25%, lo que podría derivar en un alza del 12% para el usuario final. Cristóbal Montoro, que se perfila como uno de los hombres fuertes del Gobierno del PP en materia económica, ya ha dicho que la "intención política" es evitar más incrementos tarifarios.

Una losa

El sector tampoco ve con buenos ojos la posible eliminación de Industria

La losa del déficit, una figura que inventó el anterior Gobierno del PP (aunque se ha disparado con el PSOE) y que a final de año equivaldrá a cerca del 2,8% del PIB (más de 28.000 millones de euros), pesa cada vez más en los balances de las eléctricas, que tienen que financiarlo hasta que se tituliza (conversión en títulos de deuda negociables), una tarea muy complicada con la actual situación de los mercados. Tan grande es la pelota del déficit que en el sector ya hay quien, en privado, advierte de que si el problema no se ataja de una vez, no se puede descartar la posibilidad de una quiebra de las eléctricas, como la que estuvo a punto de ocurrir en los ochenta, cuando fue necesario que interviniera el Gobierno a través de un intercambio de activos entre las empresas, que se habían lanzado a invertir desaforadamente en nuevas centrales nucleares.

Este periódico intentó el pasado viernes conocer los planes del PP para el sector eléctrico. La respuesta fue escueta: una portavoz se remitió al programa electoral de los conservadores, que apenas dedica dos páginas y media al sector energético. De ellas puede extraerse que se apostará por mantener el actual parque nuclear (María Dolores de Cospedal ya ha dicho públicamente que Garoña no se cerrará) y que habrá "un marco regulatorio que facilite la reducción de costes, la eliminación del déficit tarifario y la sostenibilidad económica". Público también intentó (sin éxito) contactar con Álvaro Nadal, uno de los nombres que más suena como responsable de la política energética del nuevo Gobierno y que, en el pasado, ha defendido "una reforma en profundidad del sistema eléctrico que elimine de una vez por todas el déficit tarifario".

Algunos precedentes son halagüeños para el sector: fue el PP el que implantó los denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC), conocidos como el billón de las eléctricas, para compensar a las empresas por los costes que, supuestamente, acarrearía la liberalización. Además, existen vínculos entre este partido y las empresas, como los hay con el PSOE (el expresidente Felipe González es consejero de Gas Natural): Endesa, además de haber contratado como asesor a Aznar, tiene en la actualidad en su Consejo a un exsecretario de Estado de Economía del PP, Luis de Guindos (que también ha sonado como ministro de Economía), y su director de Energía Nuclear es hermano del exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete; y en Iberdrola trabaja Fernando Bécker (es director de Recursos Corporativos), que con el PP fue consejero de la Junta de Castilla y León y presidió el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La única decisión que ha adelantado es la continuidad de la nuclear de Garoña

No obstante, las eléctricas temen que para ellas también habrá recortes, o mermas en su retribución. La medida más plausible es la imposición de una tasa o canon a las empresas por los llamados windfall profits o "beneficios caídos del cielo" que obtienen gracias a las centrales nucleares e hidráulicas que ya están amortizadas. Esa tasa serviría para compensar la prórroga de Garoña y permitiría absorber la reducción de ingresos por una eventual congelación de tarifas. Pese a su apoyo a la nuclear, si se exceptúa Vandellós I (que cerró por un accidente), el PP es el único partido que ha cerrado una central atómica en funcionamiento (Zorita) cuando gobernaba.

En las eléctricas, que, pese a la lacra del déficit, han ganado mucho en los últimos años (casi 200.000 millones en los últimos 12 ejercicios), no quieren oír hablar de la posibilidad de una quita para el déficit como la planteada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). El sector sostiene que el Tribunal Supremo ya ha reconocido que el déficit tarifario es un "derecho subjetivo" que está incluido en el patrimonio de las compañías.

Entre las pocas medidas que parece claro que adoptará el PP figura la revocación de los nombramientos en la CNE, cuyo Consejo se renovó el pasado verano sin miembros afines a los populares, que se desmarcaron del proceso. La vía sería una fusión con otro regulador.