Este artículo se publicó hace 15 años.
El PP dice que el Gobierno "no tendría pantalones" de pagar en especie a Cataluña
La portavoz parlamentaria del PP andaluz, Esperanza Oña, ha asegurado hoy que el Gobierno central "no tendría pantalones" de plantear a Cataluña la liquidación en especie de la "deuda histórica" y ha reiterado que este hecho supondría una "humillación" para la comunidad andaluza.
En rueda de prensa, Oña se ha referido de esta forma a las declaraciones ayer de la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, de que la deuda histórica se liquidará "cómo y cuándo" interese a Andalucía, incluida la posibilidad denominada pago en especie, por la que la Junta recibiría terrenos que son propiedad del Estado.
La dirigente del PP ha lamentado que al final, la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía se va a tener que abonar "como quiere el Gobierno de España" y no como se recoge en el Estatuto de Andalucía, que debe ser "en dinero" para aplicarlo "a todo aquello que se tiene que aplicar".
"El Gobierno andaluz trabaja para atender las comodidades del Gobierno de España y no para atender la necesidades de Andalucía", ha subrayado la portavoz parlamentaria del PP.
De la misma forma, ha indicado que el Gobierno andaluz debería tener "la libertad y la capacidad de decisión" de destinar el dinero de la deuda histórica "a todo aquello que considere necesario, sea a donde sea sin necesidad de que se nos dirija desde el Gobierno de Zapatero en cuanto a dónde y cómo hay que hacer determinadas obras".
El PP, que considera que el pago en especie va "contra" el Estatuto de Autonomía de Andalucía, va a defender en el pleno del Parlamento de la próxima semana una proposición no de ley sobre el "incumplimiento" del texto estatutario andaluz con el pago en especie de la "deuda histórica".
Según explicó ayer Martínez Aguayo, la deuda -cifrada en 1.204 millones de euros- se saldará mediante la fórmula que en derecho permita su pago, ya sea en dinero, cheque o, por ejemplo, mediante el traspaso de la propiedad de los terrenos de Los Gordales de Sevilla, donde la Junta plantea construir la Ciudad de la Justicia.
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