Seis días después de que el equipo de Esperanza Aguirre descartara expedientar a los militantes involucrados en el caso Gürtel, y mientras el terremoto de la corrupción sigue sacudiendo al PP, su número dos, María Dolores de Cospedal, anunció ayer que el partido ya ha abierto expediente a los dos imputados del partido: los ex alcaldes de Majadahonda y Boadilla, Guillermo Ortega y Arturo González Panero. El segundo mantiene su acta de concejal y su cargo de presidente local del PP. Ambos serán objeto de expediente informativo –el más suave– y no disciplinario.

Si algún afiliado cometió alguna ilegalidad, el partido será “implacable”, prometió su secretaria general. Pero la investigación, y así lo remachó Cospedal, no incluirá al dimisionario consejero de Madrid Alberto López Viejo, sobre quien no pesa ninguna imputación pero cuyo nombre atisba el PP en la referencia del juez Baltasar Garzón a que la lista de 37 imputados podría verse incrementada con aforados.  Y López Viejo, afín a Esperanza Aguirre, lo es, dado que dimitió el lunes de la semana pasada como consejero de Deportes pero no como diputado autonómico. Su dimisión –o cese encubierto– se produjo al trascender sus supuestos vínculos con la trama corrupta, a cuyas empresas adjudicó entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 un total de 76 contratos a dedo por valor de 562.000 euros. Según diversas informaciones, López Viejo recibió sobornos del grupo que dirigía Francisco Francisco Correa.

Aunque el PP abrió una efímera investigación interna sobre el espionaje en Madrid sin esperar a que hubiera algún imputado, su tesis actual sostiene que el Comité de Derechos y Garantías sólo puede investigar a los imputados. Fuentes del PP madrileño expresaron su apoyo a los expedientes, pese a que hace seis días los descartó su secretario de Comunicación, Juan José Güemes.

En la nueva teoría de la conspiración pergeñada por los conservadores –“no hay una trama del PP sino contra el PP”–, Cospedal reiteró que el grupo de Correa jamás financió al PP y dio una vuelta de tuerca al remontarse al caso Roldán. Lo hizo para preguntarse, catorce años después, sobre por qué en la cena de la ya célebre cacería del ministro Bermejo y el juez Garzón estaba también presente Juan Antonio González, comisario jefe de Policía Judicial. González, recordó Cospedal, se vio involucrado en el caso de los papeles de Laos, el rocambolesco episodio ligado a la entrega del prófugo Roldán en ese país asiático en 1995.

Disparando a discreción contra Garzón y Bermejo, Cospedal insinuó que el juez prevarica al seguir dirigiendo una investigación que, de implicar a aforados, podría acabar en el Tribunal Superior de Madrid. Y sugirió que el ministro Bermejo se prevalió de su cargo para cazar en Los Quintos de Mora, una finca estatal de Toledo. Ese nombre aparecerá en la batería de preguntas que hoy registrará el PP en el Congreso, batería destinada a acorralar a Bermejo con preguntas como quién pagó la cacería de Jaén o cuántas veces ha acudido a Los Quintos de Mora.