El PP incumple sus Estatutos para proteger a Cospedal

Mariano Rajoy ha convocado a la Junta Directiva Nacional para el miércoles 3 de abril, cinco meses después de transcurrido el plazo máximo recomendado por los Estatutos del PP (cuatro meses entre una Junta y la siguiente). La Junta Directiva es el máximo órgano del partido entre congresos y la última la convocó el presidente del Gobierno y del PP en julio de 2012, en Sevilla. Ahora, Rajoy ha convocado a sus máximos dirigentes (unos 600 acuden a la Junta Directiva Nacional) para después de Semana Santa y tratar de dar un nuevo impulso al partido en una única dirección: las reformas económicas y recortes avalados por Bruselas. 

La novedad, sin embargo, no la constituye únicamente la convocatoria de esta Junta, sino el único hecho de que haya una reunión al más alto nivel en la sede nacional de la calle Génova, además, con rueda de prensa posterior, como es previsible y así se apunta en el PP. El último Comité Ejecutivo se celebró el sábado 2 de febrero y fue de carácter extraordinario, aunque los Estatutos recomiendan que se convoque uno cada mes. Es decir, el último Comité tuvo lugar bajo la presión -insoportable incluso para Rajoy- de la publicación de los llamados papeles de Bárcenas en El País y numerosos indicios de financiación ilegal del PP. Rajoy compareció ante sus filas -y en una pantalla de televisión ante la prensa- para negarlo todo -sin citar al ex tesorero- y poner su declaración de la renta y de patrimonio a disposición de la opinión pública. Los documentos están en la web de La Moncloa desde el 8 de febrero.

Por otro lado, la última vez que se celebró una rueda de prensa en la calle Génova -tras el Comité de Dirección también paralizado-, fue el 25 de febrero, cuando la secretaria general del PP compareció para explicar la confusa "simulación" de contrato de Bárcenas o su indemnización "en diferido" con pago a la Seguridad Social incluido. Desde entonces -hace más de un mes- los conservadores han ido esquivando las ruedas de prensa semanales con un desayuno multitudinario de María Dolores de Cospedal en el Hotel Ritz, con días festivos (como está previsto que ocurra este lunes 1) o, simplemente, con el silencio y los periodistas plantados ante la sede nacional del PP (lunes 4 de marzo).

El último Comité Ejecutivo fue el 2 de febrero. Los Estatutos recomiendan uno cada mes

La estrategia del silencio de Rajoy extrapolada a todo el PP se produjo inmediatamente después de las explicaciones poco claras que hizo Cospedal a la prensa sobre el régimen laboral de Bárcenas el 25 de febrero, las cuales provocaron, además, gran malestar y confusión en el partido, ajeno completamente a los movimientos de la número dos del PP. El presidente del Gobierno optó por proteger a su mano derecha en el partido apartándola de la exposición pública y manifestándole todo su apoyo en el citado desayuno del 11 de marzo, al que acudieron la vicepresidenta, cinco ministros y la cúpula del PP, además de varios presidentes autonómicos, destacados alcaldes, diputados o senadores. Desde entonces, nadie ha querido dar respuesta a las preguntas que se acumulan sobre las tramas de corrupción de Bárcenas o la Gürtel.

La intención de Rajoy es, sin embargo, hablar a su Junta Directiva Nacional de las reformas económicas del Gobierno y de sus resultados en 16 meses de legislatura. A lo sumo, esbozar las líneas gruesos del Consejo Europeo. El Ejecutivo recibía ayer mismo un varapalo en este sentido con la elevación del déficit público por parte de Eurostat (7%) respecto de la previsión del Gobierno (6,74%), que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el propio Rajoy presentaron como un éxito hace poco.

La previsión del presidente no es, por tanto, la de hablar de Bárcenas, aunque parece inevitable que, tal y como están ahora las sensibilidades en el PP con este asunto, alguien acabe sacando el tema. Rajoy ya dijo el martes en París lo que, según él, tenía que decir: el PP "ha entregado todas sus cuentas al Tribunal de Cuentas" y ha llevado a cabo una auditoría interna que han dado a conocer "al conjunto de la opinión pública" (en realidad, se trata de un informe de la tesorera del PP, Carmen Navarro, en el que no se desglosan cifra ninguna)."A partir de ahí, estamos a lo que decidan los tribunales de justicia, como procede en cualquier estado democrático y de derecho como el nuestro", concluyó.  Su intención es decir lo mismo a los suyos: ganar tiempo mientras los tribunales no se pronuncien.