El PP insiste en que el espionaje está probado

El PP decidió inaugurar el mes de septiembre sin apearse de la idea de que cargos del partido han sido espiados. Si hace una semana parecía que los conservadores habían dejado en un segundo plano los supuestos pinchazos telefónicos a altos cargos del partido que nada tienen que ver con los sumarios del caso Gürtel, la estrategia ahora cambia. Tanto Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del partido, como la número dos, María Dolores de Cospedal, se abrazaron ayer de nuevo a la idea de que las escuchas han existido. Lo que no cambia es la ausencia de pruebas para sostener las graves acusaciones.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido, el responsable de Comunicación del PP fue preguntado hasta en tres ocasiones por las pruebas de las que disponen para denunciar el supuesto espionaje. En todas ellas respondió de la misma forma: "Nosotros ya hemos aportado las nuestras y seguiremos aportando [...]. Hay indicios suficientes como para suponer racionalmente que en la persecución genérica que está sufriendo el PP ha habido utilización en diferentes grados y de diferentes formas de conversaciones telefónicas".

Pons habla de "diferentes grados" de grabaciones telefónicas

Reticente a concretar las pruebas que el partido dice tener en su poder, González Pons abogó porque sean la Policía y la Fiscalía quienes investiguen lo sucedido. A su juicio, "en cualquier Estado de derecho, cuando uno es víctima de un delito, no debe probar quién lo ha acometido, sino simplemente acreditar que el delito se ha cometido". Y se preguntó si, al tratarse de su partido, alguien había recibido la orden de no investigar.

Siguiendo el esquema marcado por el Comité de Dirección que celebró el partido el pasado 18 de agosto, el responsable de Comunicación del PP dejó entrever que el partido se basa en lo publicado en prensa. Así, destacó que los medios de comunicación "están trufados de conversaciones telefónicas, extrasumariales o pertenecientes a un sumario descartado por el juez o completamente irrelevantes a efectos sumariales, que demuestran que a muchos dirigentes del PP se les ha escuchado".

Cospedal acusa a los mandos de la Policía de actuar "ilegalmente"

En una vuelta de tuerca más en esta estrategia, el PP no sólo considera como grabaciones ilegales las supuestamente realizadas a personas ajenas al sumario del caso Gürtel, sino también aquellas que pudieron formar parte de las diligencias judiciales, pero que después fueron desestimadas. Así, Pons se refirió a una conversación "que a lo mejor fue grabada legalmente, pero que legalmente debió ser destruida y que, por lo tanto, ilegalmente fue conservada e ilegalmente filtrada". A juicio de Camps, estas filtraciones son tan graves como "grabar ilegalmente".

A la hora de citar a los supuestos espiados, Pons apuntó a Francisco Camps. El dirigente conservador solicitó que Fiscalía y Policía investiguen por qué una de las dos conversaciones filtradas entre el presidente de la Generalitat y Álvaro Pérez, El Bigotes, no forma parte del sumario. Con esto se refería a aquella ya célebre frase de "amiguito del alma" con la que el president se dirigía al responsable de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana.

Mientras, la secretaria general del PP se incluía a sí misma entre los espiados. En una entrevista concedida a Telemadrid, María Dolores de Cospedal denunció que han aparecido conversaciones privadas suyas "en la televisión". Aunque De Cospedal no precisó más, fuentes del partido apuntan a la transcripción de una conversación con Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, dada a conocer por Cuatro y CNN+. El contenido de la llamada versaba sobre las actuaciones con los imputados madrileños de la trama Gürtel.

La número dos del PP asegura que "las pruebas están por todas partes"

En este sentido, insistió en que "los mandos políticos del Cuerpo Nacional de Policía le están dando las instrucciones" a los agentes "para que actúen de forma absolutamente acusadora y acosadora contra los miembros del PP, actuando ilegal e ilegítimamente". Además, advirtió de que el PP irá "ampliando" la denuncia presentada si fuera necesario. "Las pruebas están por todas partes", dijo.

Al igual que Pons, insistió en que las grabaciones que dejan de formar parte del sumario deben ser destruidas. Pero dejó al descubierto el doble rasero del PP. Si Pons instó a Policía y Fiscalía a investigar las denuncias de espionaje, en otros escándalos que afectan al PP Cospedal se mostró partidaria de que sea quien acusa el que demuestre "la culpabilidad".

Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, intentó dar un paso atrás veinticuatro horas después de haber acusado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcabda, de ordenar las escuchas ilegales. "Yo no he querido acusar al ministro", manifestó ayer. En declaraciones a Onda Madrid, Aguirre sostuvo que no había hablado de "escuchas ilegales". "Lo que dije de las escuchas es que haberlas, haylas", añadió.

Aguirre da marcha atrás y ya no acusa a Rubalcaba de las escuchas

El portavoz del PP de Madrid, Juan José Güemes, se remontó a los años ochenta para afirmar que "los gobiernos socialistas tienen una larga trayectoria de espionaje".

Rubalcaba, por su parte, valoró positivamente el gesto de Aguirre. "Ha hecho una rectificación a la que me remito y agradezco", señaló ayer.

Pero el ministro del Interior aprovechó para replicar la tesis de fondo del Partido Popular: "En España no se hacen escuchas ilegales, lo saben perfectamente Rajoy y Cospedal", insistió Rubalcaba, que además aseguró que las únicas escuchas se realizan por orden de los jueces de manera "restrictiva y prudente" a presuntos delincuentes. El ministro no quiso confirmar ni desmentir que hubiera mantenido una conversación previa con Aguirre sobre las acusaciones.