Tras tres años y medio encallado en el Tribunal Constitucional (TC) y en mitad de una nueva escalada de declaraciones cuestionando la legitimidad de los magistrados, el PP echó este lunes más leña a la hoguera del Estatut.

En una entrevista concedida a Punto Radio, la portavoz conservadora en el Congreso de los diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que su grupo ha registrado una propuesta para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad. La iniciativa, que recupera una figura derogada en 1985, estaría limitada en esta ocasión a los estatutos de autonomía.

Saénz de Santamaría no ocultó la principal motivación de la propuesta: el choque de legitimidades que podría producirse en caso de que el Alto Tribunal corrija un texto ratificado en las urnas. 'Sería muy bueno para la seguridad jurídica y la estabilidad que los catalanes hubieran ido a las urnas con conocimiento de causa y se hubiera resuelto este asunto antes de ir a referéndum', subrayó.

Fuentes del PP confirmaron ayer que la propuesta se ha articulado como enmienda a la ley de 'blindaje' del concierto vasco que se tramita de forma urgente en las Cortes. Su votación podría producirse, por tanto, antes de que termine el periodo de sesiones.

Lejos de negarse en rotundo, los socialistas aseguraban ayer que no descartan estudiar la propuesta. Jesús Quijano, portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, recordó que en su momento, el recurso previo de inconstitucionalidad había sido utilizado como una herramienta de bloqueo legislativo por la oposición. 'En cambio, si se aplicara de forma muy concreta, sólo para leyes que deban ser sometidas a referéndum, podríamos valorarlo', anunció.

A lo que no están dispuestos en el PSOE es a abordar ese debate sin tiempo para una reflexión sosegada. Quijano opina que la norma del blindaje no debe ser 'ni el método ni la forma' para modificar 'un tema de tanto calado' y que requiere un consenso muy importante.

Tampoco CiU, la tercera fuerza de la Cámara, cierra la puerta a una reforma que permita evitar un hipotético choque de legitimidades. Los catalanes, sin embargo, ponen más limitaciones. Jordi Xucla, su portavoz en cuestiones constitucionales, aceptaría un informe previo del Alto Tribunal siempre que esa posibilidad suprimiera la de un recurso posterior. Sus recomendaciones serían tenidas en consideración por las Cortes si bien éstas tendrían en todo momento la última palabra. Sería, reconoce, 'algo similar a los informes que emite el Consejo de Estado'.

El resto de grupos son menos receptivos a la idea. Fuentes del PNV aseguran que su partido 'no ve con bueno ojos' este tipo de iniciativas mientras que Joan Ridao, de ERC, la tacha de 'censura previo y privilegio del Estado'. El republicano recuerda que el Tribunal no es una tercera cámara que pueda suplantar la voluntad del Parlament catalán, Las Cortes y la ciudadania. Tampoco los grupos pequeños respaldan la propuesta. Sólo UPyD y UPN darían su apoyo al PP.