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El PP presenta una querella contra Tomás Gómez por "injurias y calumnias"

El PP pretende con esta querella que "quede claro que en este país calumniar e injuriar sigue siendo un delito"

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El PP de Madrid presentó ayer en los juzgados de Plaza de Castilla una querella criminal por 'injurias y calumnias' contra Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM). Fue la reacción de la formación que preside Esperanza Aguirre al anuncio de Gómez, el pasado sábado, de que llevará a los tribunales la presunta financiación ilegal del PP a través de la Fundación para el desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), destapada por este diario. Los conservadores se adelantaron un día al comienzo de las iniciativas judiciales planeadas por Gómez.

En la querella, en la que actúa como querellante el PP madrileño a través de su secretario general, Francisco Granados, el partido tilda de 'falsos' los hechos desvelados por este diario en la información publicada el pasado 19 de mayo, bajo el titular 'El PP pagó facturas electorales a Correa a través de una Fundación'.

Además, señala que el documento donde se recoge el detalle de las facturas del PP presentado por Público 'es de existencia dudosa', 'un mero montaje periodístico'. Este medio comprobó en su día la veracidad de los documentos con diversas fuentes del PP.

A su llegada a los juzgados, Granados insistió en que la financiación de Fundescam es 'absolutamente transparente' y que 'todas las aportaciones están perfectamente justificadas'. Además, explicó que no se ha destinado 'un solo euro de esa fundación a las campañas electorales del PP'.

Después de instar a Gómez a rectificar sus declaraciones, el número dos del PP madrileño desveló que las cuentas de Fundescam 'están presentadas'. 'Lo que no está presentado, hasta donde yo sé, son los dos últimos años de las memorias', añadió. Pero, en realidad, según pudo comprobar este periódico, hasta hace una semana Fundescam no había depositado las cuentas en el Registro de Fundaciones de Madrid desde 2003, tal y como establece la ley. En el PP madrileño explican que las justificaciones de los gastos obran en poder del Protectorado de Fundaciones, perteneciente a la Consejería de Educación. Es este órgano, según las mismas fuentes, el que debe remitir los datos al citado registro.

Pese a que la ley sobre financiación de partidos prohíbe recibir 'directa o indirectamente' donaciones de empresas que tengan contratos vigentes con 'alguna administración pública', la querella presentada por los conservadores defiende lo contrario. Así, afirma que la Ley de Financiación de Partidos vigente en 2003 no prohibía 'las aportaciones a una fundación de quien mantenía vínculos con las administraciones públicas'. Además, la citada querella no niega las aportaciones de empresarios a Fundescam.

Mientras, Aguirre encontró un símil a la ofensiva judicial de Gómez contra el PP: 'Es como si yo le acuso a él de asesinar viejecitas'.

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