El PP propondrá en su programa que sean los propios jueces quienes elijan a los miembros del CGPJ

El secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del Partido Popular, Ignacio Astarloa, ha anunciado hoy en Burgos la intención del PP de incluir en su programa electoral que la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quede en manos de los jueces.

En la clausura de una jornada organizada por el PP para analizar la política de Seguridad y Justicia, Astarloa ha insistido en su intención de que "el Consejo General del Poder Judicial dejen de elegirlo los políticos y que lo elijan los propios jueces, para que se acabe esta historia de las cuotas de los unos y de los otros".

El secretario ejecutivo del PP también ha asegurado que su partido no apoyará jamás los planes del PSOE para controlar el Consejo General del Poder Judicial junto a los partidos nacionalistas.

Astarloa ha criticado la "mala política" en materia de Seguridad y Justicia del Gobierno del PSOE.

En este sentido, ha señalado que la Justicia no puede seguir empleando "años y años en resolver los pleitos porque no se hacen las reformas necesarias para que la Justicia funcione".

Ha indicado que "España no se puede convertir en el paraíso mundial del crimen".

Para el responsable del PP en materia de Seguridad, es necesario crear "miles" de plazas de nuevos policías y guardias civiles, además de corregir la "discriminación" que supone que cobren menos que los policías autonómicos y locales.

También ha anunciado que se incorporarán al programa del Partido Popular modificaciones legales dentro de un paquete muy amplio para "evitar que los delincuentes estén en la calle porque sale gratis delinquir".

Entre las modificaciones que plantearán figuran las reformas del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley General Penitenciaria.

El objetivo de tales reformas sería establecer penas más duras para ciertos tipos delictivos, entre ellos los relacionados con las bandas organizadas y las mafias, y asegurar el cumplimiento íntegro de las penas en los casos de delitos considerados graves.