Este artículo se publicó hace 14 años.
El PP propone que los menores delincuentes puedan recibir tratamiento psiquiátrico
El PP ha preparado una proposición de ley para reformar la Ley del Menor en la que sugiere que los menores delincuentes puedan recibir "ciertos tratamientos psiquiátricos", incluso en contra de su voluntad o la de sus padres, si son imprescindibles para rehabilitarse.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido la encargada de adelantar estas medidas "ineludibles" durante una rueda de prensa, en la que ha deseado que el Gobierno y el PSOE dejen de poner "excusas" para "no legislar en caliente".
"El Gobierno se ampara en cada caso para no legislar en caliente, pero en cada caso ha dado tiempo a que la situación se enfríe y se puedan analizar las cosas con sosiego", se ha quejado.
Ha insistido en señalar, a este respecto, que cada nuevo caso que ocurre de delitos cometidos por menores es "una nueva excusa" que el Ejecutivo socialista utiliza para "no hacer nada".
Por contra, a juicio de la portavoz popular, cada delito tiene que ser un elemento más que sirva para reafirmarse en la idea de hacer leyes más eficaces y adoptar las medidas que sean necesarias para que no vuelvan repetirse situaciones como la reciente muerte de la adolescente Cristina Martín en Seseña.
Sáenz de Santamaría ha sostenido que la reforma del PP ha sido trabajada con "rigor, seriedad y sosiego", asesorándose con expertos, para dar una respuesta a una "necesidad social", por lo que ha invitado al Gobierno a debatir y a presentar sus propuestas.
A fin de que los menores puedan recibir tratamiento psiquiátrico aunque estén en contra, la reforma del PP planteará que se modifiquen el Código Civil y la Ley de Autonomía del Paciente.
Con esta propuesta, el Partido Popular pretende que los jóvenes de entre 12 y 14 años que cometan un delito grave se sometan a planes de reeducación.
Ésta es una de las bases de la iniciativa del PP, así como la eliminación de la impunidad y un papel más protagonista de las víctimas, de tal modo que puedan participar en los trámites procesales.
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