Madrid.- Una vez cerradas las urnas y realizado el recuento de votos de los comicios municipales y autonómicos el grupo parlamentario popular ha retomado la tramitación de reforma de la actual ley de aborto, una iniciativa legislativa que el propio Gobierno no ha querido asumir como propia. De esa forma, entre otras “ventajas” el Ejecutivo evita los informes preceptivos que requiere todo proyecto gubernamental y cuela “por la puerta de atrás”, en palabras de la portavoz socialista, Carmen Montón, una iniciativa “vergonzosa”.

El debate de totalidad que el pleno del Congreso de los Diputados ha celebrado este jueves por la tarde no ha supuesto ninguna contrariedad para el PP, como ocurrió el pasado mes de abril cuando en la toma en consideración de esta iniciativa cinco miembros el grupo parlamentario conservador rompieron la disciplina de voto al manifestarse en contra de la propuesta. Lo que se dirimía en esta sesión plenaria eran las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos socialista, de La Izquierda Plural y Mixto – ERC y BNG – y en esos términos no cabía fisura alguna en las filas del PP.

La mayoría absoluta de la bancada popular ha rechazado las cuatro enmiendas de la oposición – todas ellas con texto alternativo -, pero en ese camino se ha encontrado, una vez más, solo, con el único apoyo puntual de UPN y Foro Asturias mientras que los diputados de Uniò Democrática de Catalunya se han abstenido. UPyD se ha abstenido. Un calco de lo que ocurrió el pasado mes de abril en el debate de toma en consideración de esta iniciativa.
Los populares, conscientes de que este asunto es una “patata caliente” incluso para su propio electorado, tomaron la determinación de postergar su tramitación hasta después de los comicios del pasado día 24 de mayo para que no contaminara la campaña electoral. Ahora se retoma cuando aún resta medio año para las elecciones generales de otoño.

Con esta reforma el PP intenta justificarse ante sus partidarios más recalcitrantes asumiendo una reforma parcial de la legislación del Gobierno socialista anterior, pero alejando esta cuestión de una campaña electoral conscientes de que la actual legislación tiene una aceptación mayoritaria en la sociedad española.

“La proposición de ley del grupo parlamentario popular es tan vergonzosa que ningún ministro ha querido asumir la reforma de la actual legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo como un proyecto de ley gubernamental. No se puede traficar con nuestros derechos, los de las mujeres, pese a que llevan toda la legislatura amenazando. Tienen la mayoría parlamentaria, señorías del PP, pero no tienen la mayoría social. Renuncien a esta propuesta”, ha clamado la portavoz socialista Carmen Montón.

En términos similares se han pronunciado el resto de los portavoces de los grupos que han planteado también enmiendas de totalidad a la iniciativa de los populares. Todos han destacado el hecho de que las jóvenes de 16 y 17 años que durante el pasado año se acogieron a su derecho de no comunicar a sus padres o tutores la decisión de abortar en razón de la conflictividad de su entorno familiar apenas alcanzaron el 0,4% del total, poco más de un centenar, durante el pasado año de 2014.

“¿A quién quieren proteger ustedes?, a las jóvenes no, desde luego”, ha insistido Montón aludiendo a estas magnitudes. La portavoz popular, Marta González Vázquez, ha insistido en que la interrupción voluntaria del embarazo “no es un derecho de las mujeres”, al tiempo que ha empleado el mismo argumento numérico esgrimido por la oposición para darle la vuelta: “Si son tan pocos casos, ¿por qué no permiten que esos casos se acojan a las excepciones que recoge la propia propuesta?”.

A partir de ahora la tramitación de la iniciativa legislativa pasará al seno de la comisión de Sanidad de la Cámara baja para debatir las posibles enmiendas parciales que presenten los grupos parlamentarios – la reforma legislativa apenas contiene tres artículos - una vez se concluyan los plazos preceptivos. A partir de ese momento – si no ha sido admitida ninguna enmienda, como es previsible - pasará al Senado, cámara en la que tampoco es previsible que la proposición de ley sufra variación alguna. Una vez aprobada en la Cámara alta pasará directamente al Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor, previsiblemente a lo largo del mes de septiembre, justo antes de la disolución de la legislatura.

De esta forma culminará una de las reformas legislativas que más quebraderos de cabeza ha generado al PP y al Gobierno que preside Mariano Rajoy. La reforma del aborto, una promesa electoral del PP en la campaña de 2011, se dejó para la recta final después de muchas disputas internas, tanto en el partido como en el Ejecutivo.

Finalmente, este asunto hizo que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defensor de una reforma integral de la ley socialista en vigor, abandonase el Gobierno. Su sustituto, Rafael Catalá, con el respaldo de Rajoy, no asumió ese proyecto de su antecesor que al final ha quedado reducido a una reforma puntual propuesta por el grupo parlamentario popular que es la que se tramita actualmente.