El presidente del PP, Mariano Rajoy, y las principales asociaciones de jueces han criticado hoy la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir una investigación sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Tras presidir la reunión del Comité Ejecutivo de su partido, Rajoy ha dicho que no es partidario de "reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga", por considerar que es algo que "no conduce a nada".

El eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja ha calificado de "disparate" la decisión de Garzón y ha añadido que le parece un "enorme error" porque es "echar piedras contra nuestro propio tejado", después de haber indicado que la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno era una de las "más perniciosas".

Las asociaciones judiciales han cuestionado que se investigue judicialmente el número de desaparecidos durante la dictadura franquista.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Jimeno, ve difícil que prospere la investigación de Garzón y que ésta pueda concluir en una acusación por delito.

Jimeno, que ha defendido el derecho de los familiares de las víctimas a saber "dónde se encuentran sus muertos", ha cuestionado no obstante que esto se haga a través de un proceso judicial, ya que en su opinión debería ser el Ejecutivo el que lo llevara a cabo.

Según el representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, las investigaciones penales no están previstas para dar lugar a la apertura de causas generales.

El portavoz de la APM -mayoritaria en la carrera judicial- ha recordado que una investigación penal tiene que estar enmarcada en unas coordenadas de concreción y desarrollarse sobre la base de unos hechos que presenten apariencia delictiva.

Lorenzo del Río, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), ha hecho hincapié en que le causa sorpresa que se abra la vía penal para la identificación de personas o de fosas, cuando esto "perfectamente se podía ver en la vía administrativa y haber un impulso político para esta materia".

Por su parte, la Junta de Jueces Centrales de la Audiencia Nacional se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las "injustas y arbitrarias" opiniones que, a su juicio, vierte hoy "El Mundo" sobre la decisión del juez Garzón de indagar sobre el número de desaparecidos en el franquismo.

En el acta de la Junta, a la que han asistido todos los jueces de instrucción de este tribunal excepto Garzón, los magistrados han acordado por unanimidad trasladar su queja al órgano de gobierno de los jueces, porque consideran que el contenido del editorial del periódico "excede de los límites a la crítica de las resoluciones judiciales".

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha indicado que las actuaciones de Garzón merecen "una consideración de respeto" por parte del Ejecutivo, en garantía de la independencia de poder judicial, por lo que el jefe del Ejecutivo no ha estimado oportuno hacer valoraciones al respecto.

Ha recordado la Ley de Memoria Histórica, que "amplía y reconoce derechos a las personas que padecieron como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura" y que establece la colaboración de las administraciones públicas con las familias para la localización de sus seres queridos desaparecidos.

Garzón ha dado un plazo de quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que le faciliten una relación de los desaparecidos y su posible ubicación.

Los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid han expresado su disposición a colaborar con el juez de la Audiencia Nacional para notificarle el nombre de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades a partir del 17 de julio de 1936.