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El PPC dice no poder ir de la mano de quien habla de "aguas podridas" en España

EFE

La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha dicho hoy que su partido no puede ir de la mano "de un Gobierno que habla de aguas podridas en España, de Estado propio y que amenaza con una hacienda propia si no se le da el pacto fiscal".

En una entrevista en la cadena Cope y con estas palabras, Sánchez Camacho ha subrayado así la intención de su partido de retirar el apoyo al Gobierno de Artur Mas si este hace suyo el objetivo de Convergencia de alcanzar un Estado propio para Cataluña.

La dirigente popular también ha pedido a Unió que deje de jugar a la ambigüedad y le ha recordado que si se muestra "cómplice" de las peticiones de su socio -Convergencia Democrática de Cataluña- se alejará de la moderación y la centralidad para instalarse en "la radicalización".

Ha considerado que la deriva independentista, escenificada esta semana en el congreso de Convergencia, se produce por el relevo generacional en un congreso donde la nueva Ejecutiva "cree profundamente que la independencia es la solución" y, además, condicionan ésta al pacto fiscal.

Sánchez Camacho ha señalado que tras el congreso de CDC "hay un antes y un después", y su partido abre "un período de reflexión", al tiempo que ha asegurado que el PP juega en este asunto un papel clave y, de hecho, es el único árbitro que puede evitar la deriva independentista.

Camacho también ha apelado a los socialistas catalanes a quienes ha dicho que espera de ellos una "actitud firme".

Ha informado de que había hablado con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, a quien había trasladado que el camino de la independencia era "equivocado" y le ha instado a trasladar esas cuestiones al Gobierno de Rajoy con "moderación y responsabilidad".

Sánchez Camacho también ha lamentado que los independentistas de Convergencia estén enviando a la opinión pública catalana el mensaje de que es posible crear un Estado propio dentro de la UE, "y eso es mentira".

Ha señalado que en el caso hipotético de que se produjera esta situación no sería aceptado por la UE y además supondría unos costes tarifarios tan grandes que incidirían en la regresión económica de Cataluña.

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