Prenafeta y Alavedra presentarán facturas para probar la legalidad de las comisiones

Los dos ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, encarcelados por su presunta vinculación con la trama de corrupción urbanística destapada en Cataluña, adjuntarán al recurso contra su ingreso en prisión copias de facturas para demostrar la legalidad de las comisiones que cobraron.

Según ha informado a Efe fuentes judiciales, la defensa de los dos imputados ha pedido al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso las copias de las facturas, incautadas por la Guardia Civil, correspondientes a los cobros que Alavedra y Prenafeta habrían recibido como comisión por intermediar en varias operaciones urbanísticas investigadas.

La defensa pretende adjuntar esos recibos al recurso que ha presentado ante la Audiencia Nacional para pedir la libertad provisional de Alavedra y Prenafeta, a quienes el juez Baltasar Garzón mandó a la cárcel el pasado viernes acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Para el juez, Alavedra y Prenafeta, que ocuparon altos cargos de la Generalitat en los gobiernos de Jordi Pujol, "despliegan en el grupo una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político y público a favor de sus 'clientes' o empresas a ellos vinculadas y percibiendo las cantidades correspondientes".

No obstante, en opinión de la defensa de los imputados, el cobro de esas comisiones no es delictivo y obedece a su labor de intermediación en operaciones de compraventa, por lo que es "congruente" con las reglas del mercado inmobiliario.

Según mantiene el recurso, Alavedra y Prenafeta se habrían limitado a actuar en las operaciones investigadas de forma similar a los agentes de la propiedad inmobiliaria, por lo que el cobro de un porcentaje de las ganancias derivadas de la operación sería lícito.

Para tratar de demostrar ese argumento, el abogado de los imputados, Juan Córdoba, ha solicitado al juzgado una copia de las facturas por el cobro de esas comisiones en operaciones de compraventa, que fueron intervenidas por orden del juez en los registros de sus domicilios y despachos profesionales, según ha explicado el letrado a Efe.

Garzón mantiene en su auto que tanto Alavedra como Prenafeta, "aprovechándose de sus contactos institucionales", intermediaron en dos supuestos "pelotazos" urbanísticos en Sant Andreu de Llavaneres y Badalona (Barcelona), por lo que cobraron "la suma mínima" de 637.590 euros, "no excluyéndose otras cantidades".

Según el argumento de Juan Córdoba, el propio auto de Garzón admite que las comisiones que cobraron los imputados obedecían a su "labor de intermediación" en los proyectos urbanísticos objeto de investigación.

Otros argumentos que esgrime el recurso para pedir la libertad de los imputados es que no existe riesgo de fuga dado su arraigo social, como ya admite el propio auto judicial, y que no hay posibilidad de que destruyan pruebas.

A diferencia de la estrategia de Córdoba, que ha preferido dirigir su recurso directamente a la Audiencia Nacional, las defensas del ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y el ex concejal de Urbanismo de ese consistorio Manuel Dobarco han apelado en primera instancia ante el propio juez Garzón, que tiene un plazo de un mes para decidir.

Los letrados de Muñoz y Dobarco han evitado en sus recursos discutir los indicios incriminatorios en que Garzón ha basado su decisión de encarcelarlos preventivamente, porque, entre otras cuestiones, consideran que carecen de información suficiente sobre los cargos que pesan sobre sus clientes, al hallarse el caso bajo secreto de sumario.

Por ese motivo, han basado sus recursos en demostrar que no existe riesgo de que los imputados destruyan pruebas e influyan en testigos, ni tampoco de que vuelvan a delinquir, los dos supuestos en que basa Garzón su decisión de encarcelar a los cinco detenidos que están en prisión preventiva.

Respecto a la destrucción de pruebas, el recurso de Muñoz y Dobarco alega que tal riesgo no existe, porque toda la documentación que podría incriminarlos -la mayoría de ellos expedientes urbanísticos- fue incautada por la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional durante el registro del consistorio.

Además, los letrados sostienen que los dos imputados han renunciado ya a sus cargos en el consistorio, por lo que no tienen posibilidad alguna de seguir cometiendo los delitos que se les imputan.