El presidente de la CEOE cree que después del 29-M habría que regular el derecho de huelga

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, cree que después del 29-M "habría que regular el derecho de huelga" para mejorar la situación legal que permita preservar los servicios públicos.

Rosell, en una entrevista concedida a las páginas del suplemento Empresas del diario ABC, considera que no se debe permitir que una huelga pueda paralizar el país, y que no se "garanticen los servicios esenciales".

El presidente de la CEOE defiende que se lleve a cabo esa reforma en la regulación del derecho de huelga para que se preserven los servicios públicos, porque, a su juicio, "no se puede permitir que un grupito pueda llegar a paralizar un país, sus aeropuertos, sus transportes..."

Asimismo, señala en la entrevista que no se debe "dramatizar" sobre la convocatoria de huelga general, porque piensa que los sindicatos han hecho "lo que creían oportuno", y por ello defiende que se pase lo mejor posible la jornada, y a partir del día 30 "empezar a funcionar de nuevo".

Sobre la consideración que puede tener de "política" esa convocatoria, el presidente de la CEOE muestra su confianza en que "no lo sea", porque las huelgas políticas "son ilegales".

En el caso de que se deba o no negociar la reforma laboral como reclaman CCOO y UGT, el máximo representante de los empresarios indica que ya se ha negociado "todo el tiempo del mundo" desde la patronal, y que "nos hemos dicho todo lo que teníamos que decirnos".

No obstante, mantiene la idea de "seguir negociando", aunque opina que ya ha pasado el tiempo en el que el protagonismo lo tenían los agentes sociales, y que debe de ser ahora el Parlamento quien decida sobre el final de la reforma laboral.

Esta reforma iniciada por el Gobierno ha permitido a los empresarios, según Rosell "perder el miedo a contratar", porque hasta ahora "no se atrevían", ya que "no veían el futuro claro, y ahora se abre la posibilidad de si hay un error poder dar marcha atrás.

Este miedo se ha perdido porque han disminuido los costes por despido, ya que en España "eran muy altos", y pone como ejemplo de los cambios el que la consideración de despido improcedente (45 días) va a pasar a ser una excepción, "que es lo que tiene que ser".