El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propondrá crear una "comisión de la verdad" este mes para investigar torturas ocurridas durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985, dijo el lunes el ministro de Derechos Humanos.

La medida se convertiría en un paso extraño de Brasil para enfrentarse a la espinosa cuestión de los abusos cometidos durante la dictadura.

A diferencia de países vecinos como Argentina y Chile, Brasil nunca ha juzgado a nadie por asesinatos y torturas generalizadas de disidentes durante el Gobierno de facto, que impulsó una ley de amnistía a través de un Congreso débil en 1979.

El ministro de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, dijo a Reuters que Lula firmará la próxima semana el decreto para crear la comisión de la verdad, que debe ser aprobada por el Congreso.

Brasil no podría enfrentarse a sus problemas de derechos humanos actuales, que incluyen abusos generalizados de la policía, sin tratar las ofensas pasadas, dijo Vannuchi el domingo en una entrevista con el sitio de noticias en Internet UOL.

"Creemos que hay una relación entre la tortura hoy y la impunidad por toda la tortura que hubo antes, incluida la que tuvo lugar durante la dictadura", afirmó.

La propuesta sobre la comisión de la verdad sería lanzada el próximo lunes, agregó.

AMNISTIA

La Corte Suprema de Brasil estudia actualmente si la tortura cae dentro o queda fuera de la cobertura de la ley de amnistía.

El popular Lula, a quien la ley le impide presentarse a un tercer período presidencial consecutivo en las elecciones del próximo año, ha puesto énfasis en el perdón por encima de los enjuiciamientos.

El ex líder sindical y varios miembros de su Gabinete fueron arrestados y torturados durante la dictadura.

Un comité del Ministerio de Justicia recorrió Brasil este año, pidiendo perdón a víctimas de torturas y a sus familias y entregando compensaciones económicas.

Pero algunos miembros del Gobierno de Lula han presionado para llevar a juicio a ex oficiales militares. Las Fuerzas Armadas de Brasil, aún influyentes, se oponen enérgicamente a mayores investigaciones sobre torturas o a enmiendas a la ley de amnistía.