Una protesta de miembros de la plataforma Stop Desahucios y vecinos de Tarazona, Zaragoza, ha conseguido paralizar este viernes el desahucio de una mujer víctima de violencia machista de y su hija de ocho años. Rogia Adam Ahmed, de 32 años y de origen sudanés, iba a ser desalojada por orden del Juzgado de Instrucción de la localidad, una medida que finalmente ha sido anulada después de que la comisión judicial trasladada al domicilio se encontrara ante decenas de manifestantes. Rogia será realojada en un piso del mismo municipio hasta el próximo mes de febrero, cuando se celebre el juicio de divorcio.

El marido, propietario del domicilio y que tiene una orden de alejamiento de 200 metros, presentó una reclamación de desahucio por ocupación ilegal de la casa el pasado verano cuando ella se encontraba en Sudán para traer a su hija a España, donde nació. Por su parte, la mujer había presentado previamente una denuncia por malos tratos y una demanda de divorcio. Asimismo, el hombre había planteado una demanda por amenazas serias. Todos estos procedimientos continúan pendientes de resolución.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha explicado, en una nota de prensa, que este desahucio no puede ser contemplado dentro de los supuestos establecidos en el convenio suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación de Municipios Comarcas y Provincias, acuerdo que establece su aplicación para casos de desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias o por impago de rentas de alquiler. Ninguno de estos supuestos hace referencia a la situación que afecta a esta mujer ya que el juzgado de Tarazona no ha dictado ninguna resolución otorgándole el uso y disfrute de la vivienda, propiedad de su ex marido, ni ha establecido cantidad alguna que ella deba abonar por vivir en la casa, por lo que el desalojo no responde a un impago de rentas.

Tras la paralización del desahucio, Rogia ha declarado que "ni siquiera" había tenido la oportunidad de "hablar con la juez o tener un abogado" para defenderse del lanzamiento, que le fue comunicado en varias ocasiones a su domicilio, pero que ella no recibió porque, según ha defendido, había ido a Sudán "para buscar a su hija". La mujer, que ha definido la situación como "una pesadilla que es mejor olvidar", ha asegurado que interpuso una primera denuncia por malos tratos contra su marido en 2008, que retiró porque su hija "era pequeña", y otra segunda en mayo de 2013, a partir de la cual pesa la orden cautelar de alejamiento.

El matrimonio se casó en Sudán y primero vino el esposo a España y más tarde, hace nueve años, ella. Ambos tienen una niña que estaba con la familia de ella en Sudán, porque "siempre había problemas" con su marido de "malos entendidos y discusiones", ha dicho. Cuando fue a por su hija, estuvo un mes, ha reconocido la mujer, que ha afirmado que "iba para menos tiempo" pero tuvo problemas para "sacar a la niña" dado que no contaba con el permiso paterno. En estos momentos reside en Tarazona con su hija, no tiene trabajo y su marido no le pasa pensión alguna, por lo que subsiste con una prestación social de poco más de 400 euros.

Por su parte, Fernando Escribano, de Stop Desahucios de Tarazona, ha dicho que se ha producido "una pequeña victoria temporal" y que la comisión judicial ha renunciado al desalojo al considerar que no tenían dotación policial suficiente ante la presencia de casi un centenar de personas ante la puerta de la vivienda. El caso ha generado una gran espectación en la localidad y en la vivienda se han concentrado numeros medios de comunicación, ante los que los representantes de la plataforma han lamentado que desde hacía dos meses han intentado sin éxito buscar una salida para esta situación.

Rogia ha estado hasta el último momento, con el apoyo de la plataforma, viendo la forma de que se paralizara el desahucio en el juzgado, que ahora, tras esta suspensión, deberá fijar una nueva fecha. En este caso se puede producir una singular situación, ya que la mujer podría ser desahuciada y en unos dos meses volver a ocupar legalmente la vivienda. El intento de lanzamiento de este viernes, jurídicamente denominado desahucio en precario, era el tercero ordenado judicialmente, habiéndose suspendido hasta el momento los tres (19 de septiembre, 28 de noviembre y 12 de diciembre).

016. Teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.