La huelga general del próximo 29 de septiembre será la primera de la democracia en la que el Gobierno y los sindicatos alcanzan un acuerdo para los servicios mínimos del transporte .

Así lo ha celebrado el ministro de Fomento, José Blanco, quien ha subrayado que 'este buen acuerdo marcará un precedente y una forma de trabajar' y ha animado a los ayuntamientos y comunidades autónomas a 'seguir este ejemplo'. 

En la huelga general de 2002 CCOO y UGT consideraron abusivos los servicios mínimos 

En las huelgas generales convocadas hasta ahora siempre ha habido discrepancias, que sobre todo han afectado a los transportes, mientras que no suele haber problemas en el sector sanitario, donde se garantizan servicios similares a los de un domingo o un festivo.

La Administración, ya sea central o autonómica, tiene la potestad de fijar estos servicios, pero también está obligada a escuchar las propuestas sindicales, aunque si no hay acuerdo decide en última instancia.

En la última huelga general celebrada, el 20 de junio de 2002, el Gobierno y los sindicatos no llegaron a un acuerdo sobre los servicios mínimos en transportes, y UGT y CCOO consideraron abusivos los fijados por el Gobierno y anunciaron que no los cumplirían.

Mientras el Tribunal Supremo acordó mantener los servicios mínimos fijados por Fomento en RTVE, radiodifusión y televisión y sociedades de salvamento marítimo en todo el Estado, los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana y de Galicia rebajaron los servicios mínimos establecidos por estas comunidades en varios sectores.

En la huelga del 27 de enero de 1994 también hubo discrepancias entre la Administración y los sindicatos a la hora de fijar los servicios mínimos de cercanías y tráfico aéreo internacional, donde fueron establecidos por Real Decreto.

Con la del 29-S, habrán sido seis las huelgas generales realizadas en democracia

Por contra, hubo pacto en el transporte marítimo y en el aéreo nacional, así como en los autobuses de largo recorrido.

Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja acordaron los servicios esenciales en los transportes públicos y en el resto de autonomías fueron fijados por decreto.

En la huelga general del 28 de mayo de 1992, los Gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía y País Vasco fijaron los servicios mínimos en transportes urbanos y periféricos (el 40% en Madrid y el 25% en las otras dos comunidades).

Además, ante las discrepancias con los sindicatos, el Ministerio de Obras Públicas aprobó varias órdenes ministeriales que concretaban los servicios esenciales en el transporte.

En la huelga del 14 de diciembre de 1988, UGT y CCOO presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo contra los servicios mínimos aprobados por el Gobierno en un Real Decreto publicado el 10 de diciembre, al estimar que resultaban 'manifiestamente abusivos'.

Tampoco hubo acuerdo en la primera huelga general de 24 horas de la democracia, convocada el 20 de junio de 1985 por CCOO y sindicatos minoritarios, y el Gobierno aprobó un decreto para fijar los servicios mínimos en el transporte, considerado por los convocantes 'un abuso contra el derecho de huelga'.

CCOO denunció ante el juzgado de guardia al ministro de Transportes, Enrique Barón, al presidente de la comunidad autónoma de Madrid, Joaquín Leguina, y al gobernador civil de Madrid, José María Rodríguez Colorado.