Diecisiete personas -entre ellas seis monjes- fueron condenadas a penas de prisión, y dos a cadena perpetua por la justicia china debido a su implicación en los actos violentos ocurridos en Lhasa el pasado 14 de marzo pasado, informó hoy la agencia estatal china Xinhua, que citó fuentes judiciales.

Estas son las primeras condenas a responsables de los disturbios en la capital tibetana.

Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Popular Intermedio de Lhasa, capital de la región tibetana, instancia que indicó que los dos condenados a prisión de por vida son Soi'nam Norbu, nacido en 1988 y chófer de profesión, y un monje llamado Basang, cuya edad no se facilitó.

Soi'nam Norbu fue acusado de quemar vehículos cerca del monasterio de Johkang, en el centro de la capital, además de causar daños en comisarías de policía y coches de bomberos, y atacar a bomberos.

El joven chófer fue condenado por los delitos de "provocación de incendio" e "interrupción de los servicios públicos", mientras que la información oficial no señaló qué desmanes cometieron los demás acusados.

El monje Basang, que como muchos ciudadanos tibetanos no tiene apellido, fue a su vez acusado de causar destrozos en una oficina del Gobierno local y once tiendas, y de atacar a policías en acto de servicio.

La sentencia no detalla si los ataques de los dos condenados a cadena perpetua o el resto de acusados causaron muertos.

Sí indica que tres monjes que acompañaban a Basang fueron sentenciados a 15 años de prisión y otros dos a 20 años.

Fuentes del citado tribunal consultadas por Efe señalaron que no podían dar por el momento más información sobre las sentencias, y que ésta será ofrecida exclusivamente a través de los medios oficiales.

Se trata de la primera sentencia judicial relacionada con las protestas en Lhasa, en las que según el Gobierno chino murieron 19 personas (18 civiles y un policía), mientras que, según los tibetanos en el exilio, la represión policial de las manifestaciones causó más de 140 muertos.

Según las cifras oficiales, los protagonistas de las protestas quemaron siete escuelas, cinco hospitales y 120 viviendas, además de provocar destrozos en 908 tiendas y pérdidas por valor de más de 35 años, en los peores disturbios en el Tíbet desde 1989.

Tras los disturbios de Lhasa, llevados a cabo por independentistas tibetanos, principalmente contra emigrantes chinos y musulmanes en esa ciudad, las autoridades chinas prometieron ser "clementes" con aquellos responsables que se entregaran en las horas posteriores.

Según el código penal chino, las graves alteraciones del orden con resultado de graves daños económicos y pérdida en vidas humanas pueden castigarse con la pena de muerte.

Varios cientos de personas han sido detenidas en relación con estas protestas y las ocurridas en otras áreas de población tibetana en marzo, por lo que se esperan nuevos dictámenes próximamente.

Tras conocerse las sentencias, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino señaló, por boca de su portavoz Jiang Yu, que China "ha manejado los incidentes de acuerdo con la ley, y durante el proceso, aquellos que violaron las leyes chinas fueron castigados de acuerdo con las leyes chinas".

Las sentencias se emiten pocos días después de que el Gobierno chino anunciara, el pasado 25 de abril, que aceptaba reunirse con emisarios del Dalai Lama, tras meses de interrupción de este diálogo y después de que la comunidad internacional, incluida la Unión Europea (UE), exigiera a Pekín que reabriera las negociaciones.

En la rueda de prensa de hoy, Jiang negó que China haya actuado en respuesta a esas presiones internacionales y señaló que el Gobierno del país "nunca cederá a cualquier presión internacional en temas que conciernen integridad territorial y soberanía nacional".