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Prisiones ilegales para los que denuncian abusos

Human Rights Watch denuncia la existencia de cárceles secretas en Pekín

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La estación del sur de Pekín es el lugar perfecto para dar con alguno de los miles de peticionarios que llegan a la capital china con la esperanza de que el Gobierno central escuche los abusos legales que han sufrido en sus provincias: extorsión por parte de funcionarios locales corruptos, expropiaciones ilegales y problemas de salud causados por una fábrica contaminante son las quejas más comunes que se oyen en el Buró Estatal de Peticiones y Quejas, a pocos metros de allí.

Sin embargo, el viaje suele terminar en una de las numerosas cárceles ilegales de Pekín, donde permanecen incomunicados durante días o meses, sometidos a constantes abusos contra los derechos humanos por parte de las autoridades, según denuncia la ONG Human Rights Watch en su último informe sobre el gigante asiático.

Este tipo de cárceles, donde las personas que reclaman son retenidas antes de ser devueltas a sus provincias, han llamado también la atención de la población china, al descubrir que están camufladas como hoteles, restaurantes, escuelas u hospitales psiquiátricos.

La difusión de abusos cometidos en estos centros de detención a través de la prensa local e Internet ha despertado una gran indignación ciudadana y ha aumentado la presión para que el Gobierno chino reconozca su existencia.

Las cárceles son camufladas como hoteles, escuelas o restaurantes

Uno de los casos más polémicos ha sido el de Li Ruirui, una joven de 20 años de la provincia interior de Anhui, que fue violada por un guardia en la cárcel secreta de Pekín donde estuvo retenida junto a otras 50 personas el pasado agosto.

Li había viajado a Pekín para quejarse por el trato abusivo que recibía de sus profesores en la escuela, de la que iba a ser expulsada por su bajo expediente académico. El Buró no atendió su petición y fue trasladada a uno de los hoteles-cárcel de la ciudad, gestionado por funcionarios de su provincia, donde fue violada.

En el juicio, celebrado a puerta cerrada a principios de noviembre, el guardia, de 26 años, ha reconocido el crimen y permanece a la espera del veredicto. Sin embargo, el término cárcel secreta no fue mencionado durante todo el proceso judicial y los funcionarios implicados no han sido imputados.

«El Gobierno chino las tolera para evitar protestas», dice un abogado

Fue un 'juicio injusto', dijo Li a la prensa, lamentando que el juez no le diera 'la oportunidad de ser escuchada'. Su caso refleja la ausencia de un verdadero Estado de derecho en China, pero al menos ha sacado a relucir la existencia de estos centros de detención ilegales, donde frecuentemente los arrestados son sometidos a malos tratos o privados de comida y atención médica.

'El Gobierno tolera estas cárceles para evitar que los peticionarios se manifiesten en público u ocasionen disturbios', explica el abogado especializado en derechos humanos Xu Zhiyong.

El Gobierno central ordena a las autoridades locales que se hagan cargo de los que viajan a la capital para quejarse hasta que son trasladados a sus provincias. Además de peticionarios, en estas cárceles también se encierra a inmigrantes sin permiso de residencia, activistas de derechos humanos, grupos de padres que vienen a protestar por la desaparición de sus hijos o cualquier otro individuo considerado indeseable por las autoridades.

Para asegurar el orden social, las detenciones ilegales aumentan durante eventos señalados, como los Juegos Olímpicos o, más recientemente, el desfile militar del 60 aniversario de la proclamación de la República Popular China, el 1 de octubre.

Según HRW, la presencia de estos centros ha proliferado desde que el Gobierno chino abolió la ley de detención arbitraria de vagabundos o inmigrantes sin permiso de residencia, en 2003.

'Hay un grupo de interesados en gestionar estas cárceles en sus hoteles o negocios a cambio de ser pagados en negro por los funcionarios locales', explica Xu. Los operadores de cárceles secretas reciben de los funcionarios locales entre 150 y 200 yuanes diarios por persona, (entre 15 y 20 euros), un sistema que incentiva la detención ilegal, explica el informe.

Una detenida fue violada; otro joven se quedó sordo tras recibir una paliza

Xu confía en que la indignación popular despertada por el caso de Li Ruirui ayudará a regularizar la situación de estos centros. 'No todas las cárceles tienen las mismas condiciones, pero los enfrentamientos violentos son frecuentes', se lamenta el conocido activista de derechos humanos.

Su último cliente fue un residente de Heilongjiang, provincia en el extremo septentrional del país, que fue apaleado por los guardias de una cárcel secreta cuando intentó llamar a la Policía y quedó sordo de un oído. El hombre demandó a la cárcel y a la Policía por no acudir en su ayuda, pero ha perdido ambos juicios.

'La existencia de estas cárceles en el corazón de Pekín deja en ridículo el discurso del Gobierno chino sobre la mejora de los derechos humanos y la implementación del Estado de derecho', concluye en un comunicado Sophie Richardson, directora para Asia de HRW.

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