Privatizar seis hospitales de la comunidad no sólo era legal, sino también necesario para la Comunidad de Madrid cuando anunció su plan de sostenibilidad del sistema sanitario, a finales de 2012. Con todo el programa, el presidente, Ignacio González, estimaba un ahorro de 533 millones, fundamentales para las ahogadas cuentas del Gobierno.

Sin embargo, el proyecto no llegó a buen término durante 2013, dado que gran parte de las medidas previstas por la Consejería que dirige Javier Fernández Lasquetty se quedaron en punto muerto. En las cuentas de 2014, el presupuesto de Sanidad permaneció intacto —según el presidente autonómico— salvo por la reducción de 130 millones correspondientes a la externalización del Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo. Es decir, que el Ejecutivo daba por hecho que la privatización se iba a llevar a cabo este año.

Aun así, para el titular de Sanidad, la decisión de ayer del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la paralización del proceso privatizador 'no afecta, en absoluto' a las cuentas públicas para el presente año. 'Los presupuestos estaban hechos para una suspensión cautelar de la externalización de la gestión', aseguró ayer Lasquetty tras ser preguntado por si la resolución del TSJM afectaría al Presupuesto de 2014, informa Europa Press.

Esta sentencia choca con la esgrimida por el jefe del Ejecutivo regional, que reconoció, al anunciar los presupuestos, que sí pensaban poder mantener el ahorro previsto de 130 millones de euros, pese a estar la paralización (ya entonces) dictada por los tribunales.  'Pensamos que eso lo vamos a poder mantener y llevarlo adelante, sino tendremos que seguir haciendo ajustes en el gasto', advirtió González.

En cualquier caso, otro de los puntos polémicos del Presupuesto regional fue el anuncio de la bajada de impuestos que supondrá un ahorro de hasta 1.000 euros para el bolsillo de cada ciudadano, aunque ello suponga seguir incrementando la deuda de la Comunidad y el consiguiente enfado del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro . González proclamó su 'histórica' medida en octubre de 2013, probablemente convencido de que la rebaja de 1,6 puntos en el tramo autonómico de IRPF gustaría a los madrileños. Pero no fue del todo así. 

La oposición lo criticó por aplicar la medida 'sólo a los que más tienen' mientras seguía recortando en Educación (con el aumento de tasas, entre otras cuestiones) y Sanidad (se recortan 75 millones en personal). Y entre las olas de la marea blanca no se explicaban cómo se podía anunciar una rebaja impositiva mientras se justificaba la privatización de hospitales. 'Sólo con anular la publicitada disminución de los impuestos —que, por cierto, van a ser sobre todo para las rentas más altas—, se podrían ahorrar los recortes sanitarios e incluso realizar un modesto incremento presupuestario', sentenció entonces la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid en un comunicado.