Ni el Gobierno piensa aún en entablar un diálogo con la izquierda abertzale -y mucho menos con ETA-, ni la organización terrorista ha hecho ningún amago de entrega de armas, ni hay ninguna sospecha de que pretenda desaparecer en un futuro cercano. Un año y casi siete meses después de que la banda anunciara 'el cese definitivo' de su actividad armada, el proceso de paz en Euskadi parece estar paralizado. Por una u otra razón ligada siempre a los mismos argumentos utilizados por unos y por otros en los últimos años, si en algo coinciden casi todos los actores políticos vascos es en eso: en el estancamiento del proceso.

Los partidos nacionalistas lo atribuyen a la actitud del Gobierno que preside Mariano Rajoy. También comparten esta misma reflexión algunos miembros del PSE con su presidente, Jesús Eguiguren, a la cabeza. Otros socialistas vascos, como el diputado vizcaíno Eduardo Madina, consideran directamente que 'el proceso de paz terminó el 20 de octubre de 2011. El PP encontró al llegar al Gobierno un país con el terrorismo superado', dice él en declaraciones a Público.

Desde la izquierda abertzale, en cambio, citan como evidencias de la parálisis la política penitenciaria o que prosigan las detenciones como la del pasado miércoles en Ondarroa. Mientras tanto, los principales colectivos de víctimas de ETA y el PP consideran que si no hay avances es por la postura que mantienen los independentistas más radicales que, insisten, siguen sin renegar del sangriento pasado de los terroristas.

Casi 19 meses después del fin de los atentados, de que se suscribiera la Conferencia de Aiete en Donostia auspiciada por el Grupo Internacional de Contacto, los vascos parece que ni siquiera se ponen de acuerdo en la valoración de ese periodo de paz. 'El balance sólo puede ser positivo', explica Madina. 'Vivir con normalidad era algo muy lejano hace unos años. Y hoy es una realidad', apunta. Pese a los 'ámbitos de intolerancia' que, según él, perviven en la sociedad vasca y que constituyen las 'secuelas' de la acción terrorista, el balance también es favorable para el responsable del Área Institucional de la dirección del PNV, Koldo Mediavilla: 'Es una oportunidad única para alcanzar la paz y la convivencia', explica.

Iker Urbina, parlamentario de Amaiur, introduce los primeros matices. 'El balance no puede ser positivo cuando el Estado sigue intentando bloquear de manera violenta la consecución de un nuevo escenario y sigue negando cualquier posibilidad de solución política al conflicto'. Se refiere a la 'negación' por parte del Gobierno de la existencia de un 'conflicto político' y a que, dice, 'se está tratando de amedrentar cualquier reivindicación al respecto mediante la represión'.

Frente a Urbina se sitúa el diputado del PP vasco Leopoldo Barreda, que también se niega a tildar de positivo el periodo de los últimos meses aunque éste atribuye la responsabilidad al entorno en el que se mueve el parlamentario de Amaiur. 'Quienes han formado parte de Batasuna son incapaces de desligarse de ETA y estamos asistiendo a una vuelta a los discursos del pasado', lamenta.

Esta es la tesis que suscribe Maite Pagazaurtundua, miembro de la dirección del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite). 'La incondicionalidad del comunicado de ETA que se veía desde algunos sectores era ambigua. Y la condicionalidad va asomando cada vez más', sostiene. En su opinión, 'una vez conseguida la legalización' la izquierda abertzale 'disimula menos la exaltación del terrorismo' y 'sigue reclamando la impunidad de los asesinatos y la legitimación de la violencia'.

Es 'bueno' que no haya asesinatos, reconoce, pero no hay nada que hacer 'si ellos no abandonan los planteamientos totalitarios'. A juicio de la hermana de Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA en 2003, en ningún caso el Gobierno debe negociar sobre el proceso. 'Un Estado no tiene por qué entrar a negociar con terroristas', dice, y mucho menos si es para lograr 'la impunidad de los asesinatos'. Porque con la impunidad, afirma, 'todo se desbarata', y también el Estado de Derecho. Se refiere a la exigencia de la izquierda abertzale respecto al acercamiento de reclusos a cárceles cercanas a sus domicilios, o a las peticiones de amnistía.

Urbina insiste en esta reclamación ante la que, según él, el PP, 'con la inestimable ayuda del PNV', responde con la 'vulneración de los derechos de los presos, dispersados a cientos de kilómetros de sus lugares de origen, manteniendo en prisión a más de 70 presos que tienen cumplidas sus condenas o a quienes padecen graves enfermedades'. En su opinión, 'el nuevo tiempo político' exige 'superar las consecuencias del conflicto' y, por tanto, dice, 'la finalización de todas las leyes y actuaciones de excepción'.

Desde el PSE, Madina también ve márgenes de actuación del Ejecutivo. Pero no se refiere explícitamente al asunto de los presos. A su juicio, el equipo de Mariano Rajoy se puede y debe mover 'sin tener que cambiar ninguna ley', para actuar con un único objetivo: 'que la situación actual no tenga vuelta atrás'. 'Quien deja de dar pedales en una bicicleta siempre tiene el riesgo de caerse y en este caso también', añade, en la misma línea, Mediavilla, del PNV. 'El Gobierno español debe aprovechar la coyuntura histórica para cerrar definitivamente la página de ETA. Su inacción, hoy por hoy, empieza a ser irresponsable', remacha.

Para los conservadores si hay algo pendiente es por parte de ETA: 'La entrega de armas, el perdón, la disolución o la renuncia a condicionar el futuro de la sociedad', menciona Barreda. Y si en algo coinciden el PP y el colectivo de víctimas consultado por este diario es en la necesidad de que haya un cambio de actitud por parte de la izquierda abertzale. 'Si este mundo rompe con la banda, ETA sería una organización marginal. Pero Bildu es incapaz de actuar en democracia', afirma el diputado vasco.

'Las cosas serían muy distintas si el mundo de Batasuna no se empeñara en legitimar algo deslegitimable', apunta Pagazaurtundua, en referencia al pasado violento de la organización terrorista. 'Intentan sacar beneficio político de lo ocurrido y eso es no tener vergüenza', añade, antes de criticar que la izquierda abertzale siga actuando en base a 'una estrategia de poder'. La exigencia de la miembro de Covite no puede ser más clara: 'Que se dejen de trampas y que reconozcan el daño causado'.

Hay quien ha ido más allá en su preocupación por ese estancamiento del proceso de paz que se mencionaba al principio de estas líneas. Es el caso del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, o del mediador sudafricano Brian Currin. De no haber progresos inmediatos, dicen ambos, es posible que se produzca una escisión en ETA y que algunos de los que actúen por su cuenta respalden la violencia. 

'Creo que las probabilidades de rebrotes de violencia política en Euskadi de la mano de antiguos miembros de ETA son muy bajas', sostiene Eduardo Madina, que se muestra convencido de que 'ETA ya pasó de las páginas de los periódicos a las páginas de la historia'. Amaiur opta por insistir en la veracidad del compromiso adquirido por la organización en 2011: 'La apuesta por abordar un proceso de resolución hasta el final y dar los pasos necesarios para ello es clara, no sólo mediante su palabra sino mediante sus actos', insiste Urbina. La formación independentista no tiene 'ninguna constancia' de la posibilidad de que se produzca esa escisión.

PNV y PP se muestran más escépticos. 'Cuando en una organización clandestina sus decisiones no son tomadas por la unanimidad de sus miembros siempre existe un riesgo de fragmentación', dice Koldo Mediavilla, que valora sin embargo 'los verdaderos esfuerzos de la izquierda abertzale' por convencer a ETA de las vías exclusivamente pacíficas. Leopoldo Barreda advierte de que en la historia de la organización 'ha habido muchas escisiones', y por eso cree necesario mantener al Estado 'alerta'. Y Pagazaurtundua tiene todavía menos esperanzas: 'Con las burbujas, como la que fue el anuncio de ETA, sucede que no tienen bases sólidas, y suelen pasar esas cosas'.