Este artículo se publicó hace 15 años.
El PSOE denuncia a Fundescam en Hacienda por no pagar el Impuesto de Sociedades
El PSOE de la Asamblea ha denunciado hoy a Fundescam en la Inspección de Hacienda por un posible delito fiscal que podría haber cometido esta fundación del PP al no haber tributado el Impuesto de Sociedades en las aportaciones con las que habría financiado las campañas electorales de 2003, 2004 y 2007.
La denuncia se basa en la información de "Público" sobre las donaciones de cientos de miles de euros que habrían realizado a Fundescam destacados empresarios, entre ellos el presiente de la CEOE, José María Cuevas, y que habrían servido para financiar las campañas autonómicas y municipales del PP en Madrid de mayo y octubre de 2003 y mayo de 2007, y la campaña de las elecciones generales de 2004.
Los socialistas madrileños quieren que Hacienda "compruebe si se han producido las correspondientes tributaciones" por parte de esa fundación, "desde el convencimiento de que Hacienda somos todos y Fundescam, también", ha afirmado la portavoz parlamentaria del PSOE, Maru Menéndez a las puertas de la Delegación de Hacienda en Madrid.
"Consideramos que, como esta financiación puede haber ido a sufragar gastos electorales, debería de haber tributado el Impuesto de Sociedades, como plantea la norma", ha explicado Maru Menéndez.
La portavoz ha llevado a Hacienda su denuncia por escrito, acompañada por el resto de miembros de la dirección del grupo socialista, como ya hicieran el pasado martes ante la Junta Electoral Central.
A juicio del PSOE, la información de "Público" presenta "indicios suficientes para hablar de irregularidades que podrían conducir a una financiación ilegal de los procesos electorales del PP", ha sostenido Menéndez.
El próximo martes, 2 de junio, los socialistas presentarán la información de que disponen en el Tribunal de Cuentas, por observar que Fundescam podría habría haber cometido también "falsificación en documento mercantil"; y el jueves 4 de junio la entregarán en la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de "prevaricación", "cohecho" y "negociaciones prohibidas", entre otros.
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