El PSOE impide al Parlamento investigar los falsos ERE

El PSOE andaluz impuso ayer su mayoría absoluta y rechazó montar la comisión de investigación parlamentaria que le reclamaba la oposición, PP e IU, por el escándalo de la presunta colocación de falsos prejubilados en expedientes de regulación de Empleo (ERE) financiados por la Junta y el reparto de 647 millones en ayudas sociolaborales. Ayer, por primera vez desde que estalló el presunto fraude, Javier Arenas (PP), Diego Valderas (IU) y José Antonio Griñán (PSOE) se vieron las caras en el Parlamento andaluz. El presidente Griñán argumentó que el caso estaba bajo investigación judicial y agregó que lo que pretendía la oposición no era descubrir la verdad, sino crear una "comisión de difamación y mantener una estrategia de mentiras con inmunidad parlamentaria".

Arenas comenzó su intervención directo a la yugular de Griñán. "Usted era consejero de Economía y Hacienda en 2005. ¿Qué hizo? ¿Cuándo va a entregar los informes de la Intervención al Parlamento? Lo tapan todo". Griñán replicó que están a disposición de la Justicia, si los requiere. La Intervención de la Junta, tras investigar 20 expedientes, elaboró en 2005 cuatro informes demoledores en contra del procedimiento administrativo de concesión de las ayudas. Los informes fueron desoídos por el consejero de Empleo, Antonio Fernández. "Firmaron un convenio prosiguió Arenas para sacar de la legalidad administrativa [el fondo para pagar prejubilaciones]. ¿Dónde están los informes jurídicos de este convenio?"

Arenas fue a por Griñán: "¿Qué hizo en Hacienda para evitar el fraude?"

La Policía considera que el convenio entre Empleo y el IFA ente instrumental de la consejería, que supuestamente avalaba el modelo de reparto de los 647 millones, debía estar informado por el gabinete jurídico de la Junta. Hasta ahora, el Gobierno ha sostenido que existió tal visto bueno de los servicios jurídicos, que no era preceptivo un dictamen escrito y que pudo ser oral.

Arenas introdujo, al hilo de este debate, un punto nuevo. Acusó a Griñán de haber ordenado, cuando estaba al frente de Hacienda, una transferencia al IFA para gastos de explotación (pagar salarios, suministros, reparaciones...) que finalmente acabó pagando prejubilaciones. Griñán no respondió durante el debate.

Luego, fuentes del Gobierno aseguraron que lo único que pretendía Arenas "era confundir" y explicaron que la orden firmada por Griñán el 23 de enero de 2008, en la que basa Arenas su denuncia, se limitaba a ordenar la publicación de los presupuestos del IFA, entonces IDEA. El documento no mandata nada, no es un documento contable de la Junta ni establece ninguna orden de pago ni de transferencia.

Jáuregui garantiza que los implicados quedarán fuera de las listas del PSOE

Mensaje de tranquilidad

Griñán, que lanzó un mensaje de tranquilidad a los más de 6.000 prejubilados que cobran ahora prestaciones, fue ayer capaz de armar un discurso con el que logró diferenciarse del PP sin mencionar Gürtel. "Usted fue quien dijo eso de creo en la Justicia por encima de cualquier juez le espetó a Arenas. Resulta que la justicia la imparten los jueces, que son independientes. Cuando les investigan a ustedes dicen que jueces, fiscales y policías tienen un comportamiento no respetuoso con el Estado de Derecho". "¿Sigue pensando lo mismo sobre las filtraciones policiales?", le preguntó después con ironía. Y luego remachó, bajo un aplauso sentido de la bancada socialista: "Sancionaremos a los responsables, cosa que no hacen todos los gobiernos".

Por otro lado, Ramón Jáuregui, ministro de Presidencia, garantizó ayer que todos los implicados estarán fuera del PSOE.

La jueza Alaya imputa a un falso prejubilado

La jueza Mercedes Alaya, que investiga el ‘caso Mercasevilla', ha imputado en la causa a un trabajador que presuntamente se acogió al ERE de 2007 el mismo día que firmó su contrato de trabajo. El comité de empresa de Mercasevilla informó a Efe de que el trabajador J. A. R. M. ha recibido por burofax la notificación del juzgado, aunque aún no ha sido citado a declarar. El presidente del comité, Rafael Domínguez, negó que este caso sea irregular porque el afectado trabajaba desde 1999 en Mercasevilla y estaba en la Bolsa de Contrataciones. Su situación era la de un fijo discontinuo.