En la batalla abierta entre España y Catalunya por las reivindicaciones de independencia de gran parte de los ciudadanos catalanes, los socialistas llevan meses planteando su propia alternativa: reformar la Constitución para que establezca una estructura federal del Estado. Ese es el planteamiento que le puso encima de la mesa el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al president de la Generalitat catalana, Artur Mas, esta misma semana, y el que pretende que se someta a votación en una consulta popular.

Pero esa no es, ni mucho menos, la única reforma constitucional que está entre los planes de los socialistas. La ponencia marco que estudiará la Conferencia Política de los próximos días 8, 9 y 10 de noviembre (ver PDF) contempla, además, un buen número de modificaciones de la Carta Magna que, al margen de la cuestión territorial, pretenden 'dar entrada' en el Capítulo I de la misma 'a un conjunto de derechos emergentes', o 'adaptar los ya reconocidos a nuevas realidades'.

En el documento Derechos y libertades en una nueva sociedad (ver PDF) se contabilizan hasta 28 reformas constitucionales con las que trabaja el principal partido de la oposición, que hasta hace menos de dos años estaba en el Gobierno y que, en cambio, no llegó a plantearse. A continuación se detallan algunas de ellas: 

Si algo llevan arrastrando los socialistas desde que comenzó la legislatura es la polémica decisión que adoptó su exlíder, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010, y que supuso el inicio de la caída en picado de las expectativas electorales del PSOE, que contribuyó a la pérdida de las elecciones de 2011 y que sigue hundiendo al partido en las encuestas. Se trata de la constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria aprobado en consonancia con el PP. 

Pues bien, ahora los socialistas pretenden hacer 'contrapeso' a esa reforma constitucional reconociendo en la Carta Magna 'como genuinos derechos fundamentales' los de protección a la salud y a la protección social. 'Con ello se equiparan a los derechos civiles y políticos', afirma el PSOE en su texto, y se impide 'el desmantelamiento del Estado social a golpe de leyes sectoriales'. A nivel técnico, esto supondría que se debieran llevar los derechos a la salud contenidos en el artículo 43, a la sección 1ª del capitulo II del Título I, junto al derecho a la educación contenido en el artículo 27. Proponen, para ello, suprimir el precepto 26. 

El PSOE quiere que el artículo 27 de la Constitución establezca que la Educación debe garantizar 'el pleno desarrollo de la personalidad humana', se debe impartir atendiendo a 'los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales', y tiene que hacer que los alumnos sean capaces de 'participar en una sociedad libre'. La enseñanza tendrá además que 'favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y grupos raciales, étnicos o religiosos', y promoverá, finalmente, 'una cultura de la paz'.

La Carta Magna debería ser modificada también, a juicio de los socialistas, para condicionar las ayudas públicas a los centros educativos en función de que pudieran cumplir con los objetivos antes mencionados. 

Fueron los socialistas los primeros que estando en el Gobierno redujeron el número de días que podrían percibir quienes fueran despedidos de manera improcedente. Y en cambio ahora, quizás temiendo una merma mayor de ese derecho, consideran 'conveniente' añadir al artículo 35 de la Constitución una 'referencia expresa' al 'derecho a la protección en caso de despido injustificado' en la misma línea que recoge la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Quieren 'reconocer el derecho a la seguridad, salud y dignidad en el trabajo así como la conciliación de la vida personal y laboral'.

En cuanto al artículo 28, exigen que se reconozca en el mismo y 'con carácter general', la vigencia de 'los derechos fundamentales de los trabajadores más allá del derecho de huelga y la libertad sindical'. Se trata, asimismo, de que se de reflejo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca de la negociación colectiva. La huelga y la libertad sindical, añaden los socialistas, debe reconocerse también para los trabajadores y empleados públicos. 

El principal partido de la oposición ve imprescindible incluir en el artículo 14 de la Constitución una referencia 'a otras causas de discriminación' no contempladas en es precepto. Propone, así, incorporar la orientación sexual, la edad, la lengua, la pertenencia a una minoría nacional, las características genéticas y la discapacidad. Precisamente sobre esta última condición el texto de la ponencia plantea modificar el artículo 49 de la Carta Magna para eliminar la referencia a 'disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales' y sustituirla por 'personas con discapacidad'. 

El documento recoge asimismo la posibilidad de que la norma suprema del ordenamiento jurídico español 'habilite al legislador' para 'la adopción de políticas positivas destinadas a combatir la discriminación en todas sus formas'. 

A juicio del PSOE, debería plasmarse en la Constitución 'un concepto de familia amplio' en el artículo 39, que 'comprenda las nuevas formas de convivencia', y en el artículo 32, 'el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo'. El objetivo no es otro que 'evitar malinterpretaciones'.

Los socialistas no entran a cuestionar el modelo de Estado ni la forma de elección del jefe del Estado, pero sí ven necesario modificar la Carta Magna para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona al considerar que 'supone una discriminación por razón de sexo'. No obstante, no quieren que esta condición se aplique en el caso de los herederos de Juan Carlos de Borbón, ya que piden salvaguardar 'expresamente' los 'derechos sucesorios' de su hijo Felipe, a pesar de que la primogénita de los actuales monarcas es Elena de Borbón. 

Así, 'en coherencia con esta reforma', el PSOE ve conveniente que la terminología de la Constitución acoja también el género femenino en sus referencias a rey y príncipe, haciéndolas extensivas a 'reina o princesa'. Pero el principal partido de la oposición teme poner en marcha esta reforma constitucional. Porque reconoce que al referirse al Título II, se sometería 'al procedimiento agravado de reforma del artículo 168 que exige la celebración de un referéndum', lo que a su juicio 'puede convertirse en un plebiscito sobre la Monarquía'.