El PSOE quiere imponer una tasa sobre las transacciones financieras

El PSOE ha incluido entre sus propuestas de resolución del debate sobre el estado de la nación la defensa de una tasa sobre las transacciones financieras internacionales, en la línea de lo defendido por el Gobierno en el G-20 y en las instituciones europeas.

El texto insta al Gobierno a coordinarse con la comunidad internacional para analizar los efectos que tendría esa tasa y fijar un calendario de trabajo en ese sentido, estableciendo medidas que disuadan a los inversores financieros de realizar operaciones únicamente especulativas, favoreciendo la transparencia y el control de las mismas.

El PSOE argumenta que esa tasa contribuiría a reducir prácticas perjudciales para las economías, su volatilidad, e incentivaría que el sector financiero invirtiera a largo plazo en proyectos que generan valor añadido en las economías reales.

La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional han calculado que esa tasa, incluso con un tipo reducido, podría generar ingresos cercanos a los 200.000 millones de euros anuales en la UE y a los 650.000 millones en el mundo, debido a su amplia base imponible.

Esa cantidad sería una contribución sustancial a financiar los costes de la crisis y a la sostenibilidad de las finanzas públicas, dice el PSOE, que subraya, no obstante, la necesidad de que esa tasa sea impuesta en el ámbito internacional o, al menos, europeo.

Además, los socialistas ha presentado un paquete de medidas en materia hipotecaria que amplían las detalladas por Zapatero, incluidas medidas que garanticen el mantenimiento del valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, "evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor o de malbaratamiento de los bienes".

Los socialistas abogan por tener en cuenta la situación económica y familiar del deudor en los procesos de ejecución, elevando el límite de inembargabilidad con carácter general y adicionalmente por cada miembro del núcleo familiar sin ingresos propios.

No obstante, remarca que es necesario por mantener la "solvencia general" del sistema hipotecario español evitando "reformas indiscriminadas" que trasladen al conjunto del sistema la responsabilidad de los deudores que no se encuentran en situaciones de necesidad.

Aun así, se compromete a impulsar las medidas que puedan derivarse de las propuestas de la subcomisión parlamentaria de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español, "especialmente aquellas que permitan aliviar el riesgo de ejecución hipotecaria sobre la vivienda familiar" en "casos extremos" y siempre en un procedimiento judicial que permita evaluar las circunstancias de deudor y su excepcionalidad. Asimismo, insiste en potenciar el "mercado de alquiler" y la vivienda protegida para promover un mercado más equilibrado y que garantice, además, el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, "especialmente a los más desprotegidos".