La vicepresidenta primera del Congreso, Teresa Cunillera, ha explicado hoy que la falta de precedentes y el hecho de que el caso no tenga carácter excepcional ha llevado al PSOE a rechazar la comparecencia del ministro de Fomento, José Blanco, por la presunta trama de comisiones ilegales en Galicia.

El PP había reclamado que Blanco diera explicaciones urgentes ante la Diputación Permanente -el órgano que vela por los poderes de la Cámara cuando las Cortes están disueltas- pero la mayoría del PSOE en la Mesa ha impedido que el ministro acuda al Congreso.

Y ha sido así, según ha explicado Cunillera en rueda de prensa, porque una vez que el Parlamento se disuelve por la convocatoria electoral, los precedentes acumulados por la Mesa refuerzan el criterio de no aceptar comparecencias de miembros del Gobierno.

"Si lo hiciéramos así estaríamos enturbiando el proceso electoral", ha apostillado el secretario Primero de la Mesa, el también socialista Javier Barrero, quien ha recordado la distorsión que supondría asumir debates electoralistas cuando no existe el carácter excepcional que podría justificar una comparecencia.

Para reforzar sus argumentos, los socialistas recuerdan que sólo existe un precedente de comparecencia, a petición propia, de un ministro, con las Cortes disueltas.

Ocurrió el 11 de octubre de 1982, cuando el entonces titular de Defensa, Alberto Oliart, acudió a la Diputación Permanente para dar cuenta de la detención de tres militares acusados de la intentona golpista de la llamada "Operación Galaxia".

Desde entonces, ni una sola de las 24 peticiones de comparecencias de ministros cursadas por los grupos parlamentarios ha sido aceptada por la Mesa de la Diputación, ha destacado Cunillera, ya que en ningún caso ha encontrado motivos justificados.

La vicepresidenta ha recordado incluso un requerimiento que hizo el propio PSOE, tras los atentados del 11 de marzo de 2004, para que entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, acudiera al Congreso, comparecencia que también fue rechazada por el Mesa, en aquella ocasión compuesta mayoritariamente por diputados del PP.

Cunillera ha explicado que hoy no ha habido debate en la Mesa respecto a la petición del PP, que iba acompañada de otras dos de IU y BNG relativas a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y a la ministra de Defensa, Carme Chacón, sino simplemente una fijación de posición entre los tres miembros socialistas y los dos del PP.

Otra cosa es que el ministro Blanco, tal y como sugiere el Partido Popular, decida voluntariamente comparecer en el Congreso, una hipótesis sobre la que la vicepresidenta de la Cámara no ha querido pronunciarse porque ahora no se ha planteado.

Eso sí, ha recordado que el artículo 57 del Reglamento de la Cámara delimita muy claramente las funciones de la Diputación para períodos interlegislaturas, donde no figura el ejercicio de la función de control que sí tiene en los períodos inhábiles, es decir, durante las denominadas "vacaciones parlamentarias".

Teresa Cunillera se ha mostrado convencida de que al no admitir a trámite las comparecencia de Blanco, Salgado y Chacón la Mesa ha actuado "correctamente" para preservar este órgano de intenciones "electorales"

Para tomar su decisión, la Mesa ha manejado un informe de los servicios jurídicos del Congreso que recoge de forma exhaustiva todos los antecedentes de acuerdos adoptados en los últimos 29 años ante situaciones similares, donde únicamente aparece como excepción el caso de Oliart en 1982.