PSOE y ERC han discrepado hoy sobre si sólo los colegios públicos o también los privados se verían afectados por la petición que ayer aprobó el Congreso, con el apoyo de estos partidos, para instar al Gobierno a la retirada de símbolos religiosos de los centros educativos.

El PP y varias organizaciones educativas han opinado que la propuesta es un intento del propio Gobierno de dividir y distraer a la sociedad, FERE-CECA (Escuelas Católicas) ha entendido que sería bastante complicado o imposible poder obligar legalmente a los centros confesionales a retirar los crucifijos y ha advertido de que lo recurriría.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco, ha calificado de "muy triste" la proposición no de ley y espera que "se quede ahí y no vaya más allá".

El promotor de la iniciativa original, el diputado de ERC Joan Tardá ha considerado que los miembros de la Comisión de Educación que votaron la propuesta eran "muy conscientes" de que se hablaba "de todos los centros", no sólo los públicos.

Sin embargo, el parlamentario socialista ponente ayer en la comisión, Luis Tomás, no ha querido anticipar si será de aplicación también a los privados concertados, aunque en principio entiende que por ahora afecta únicamente a los públicos.

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Álvaro Cuesta, ha recalcado que la medida afecta sólo al ámbito público, ya que los privados tienen derecho a transmitir la simbología de su confesión.

Gaspar Llamazares, diputado de IU, también ha insistido en que lo que se plantea es retirar los crucifijos de las escuelas públicas.

Inicialmente, ERC había registrado una proposición para la supresión de simbología religiosa de los centros "públicos" de acuerdo con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre un caso italiano.

ERC aceptó una enmienda transaccional del PSOE para que el Gobierno traslade la jurisprudencia de ese tribunal sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión desde el principio de neutralidad ideológica del Estado y, especialmente, "en lo relativo a los centros escolares".

En el Gobierno, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha entendido la iniciativa parlamentaria como una petición para que se agilice una reforma de la ley de libertad religiosa que tenga en cuenta la situación social actual y la pluralidad de acuerdo con la Constitución, que habla de "la aconfesionalidad del Estado y de que hay que tener en cuenta las creencias religiosas de la población española".

Según la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, la "falta de responsabilidad" del Gobierno "no tiene nombre" al ocuparse de temas como éste, cuyo objetivo es "dividir" a la sociedad.

De Cospedal ha dicho que se origina "otra polémica" y "se deja de hablar" del "fiasco" de la Ley de Economía Sostenible y de los parados, así que se ha preguntado si el PSOE va a prohibir también la Navidad.

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha explicado que su grupo se opuso por "razones constitucionales", en referencia a la libertad de enseñanza.

Entre los padres de alumnos, la católica CONCAPA ha advertido de que "desobedecerá" cualquier norma que suponga una imposición de criterios morales y acusa al Gobierno de "usurpar" el derecho de los padres a educar conforme a sus principios y convicciones.

La Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) ha pedido que se dé voz a las familias de los colegios públicos.

El presidente de CEAPA, Pedro Rascón, ha creído "adecuado" que se aplique la "jurisprudencia" europea en España, pero ha dudado de que se pueda obligar también a un centro confesional por ser concertado.

Europa Laica mantiene que la presencia de crucifijos en las escuelas sostenidas con fondos públicos "atenta" contra los principios de igualdad y neutralidad del Estado.

La patronal de centros CECE ha exigido respeto para el ideario de los centros, amparado por la Constitución, e interpreta que la polémica es un "debate interesado" para "tapar otros problemas".

El secretario general de FERE-CECA y EyG, Manuel de Castro, ha resaltado que se trata de una cuestión "totalmente inoportuna", ya que son muy pocos los centros públicos que conservan el crucifijo.

"Me parece, francamente, que es un típico ejemplo de falta de tolerancia", ha opinado.