El choque de legitimidades que se derivaría de una sentencia negativa del Tribunal Constitucional sobre el Estatut empieza a tener consecuencias. Los dos grandes partidos quieren evitar que, tras el esperado fallo, el Alto Tribunal tenga que volver a pronunciarse sobre una normativa aprobada en las Cortes y refrendada por los ciudadanos. Durante la última semana, PP y PSOE han mantenido contactos en torno a la posibilidad de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad y los términos en los que llevarlo a cabo. Las conversaciones no han hecho más que empezar, y los grupos no consideran aún ni siquiera una fecha aproximada para completar la reforma.

El principio de acuerdo, sin embargo, flota en el ambiente. Ayer quedó de manifiesto durante la discusión del blindaje del Concierto vasco en la Comisión Constitucional. El PP aprovechó la modificación que implica del Tribunal Constitucional para presentar una enmienda que apostaba por restaurar el recurso previo.

El PNV prefiere 'sustraer' al tribunal cualquier tipo de decisión

Su portavoz, Arturo García-Tizón, se apoyó en un informe del Consejo de Estado que en febrero de 2006 recomendaba reintroducir la medida derogada en 1985 para los estatutos de autonomía. Para evitar confusiones, aclaró que la reforma no tendría efectos retroactivos y, por tanto, no afectaría al Estatut de Catalunya.

Sólo los conservadores respaldaron la enmienda, pero el tono del PSOE y CiU fue de todo menos crítico con la iniciativa. Ambos justificaron su rechazo por razones de oportunidad, no de fondo.

Fue el argumento que utilizó el portavoz socialista, Txiki Benegas. El diputado negó que una proposición procedente del Parlamento vasco sea el marco adecuado para introducir la reforma. A su juicio, un tema de 'indudable trascendencia y que podría ser objeto de un pacto entre las fuerzas que estamos de acuerdo en esta idea' merece que se discuta 'una propuesta común'. La posición de partida de los socialistas es la de restringir el recurso previo a aquellos estatutos que hayan sido refrendados por los ciudadanos.

El Congreso da un paso más para blindar el Concierto vasco

También Jordi Xuclá, de CiU, criticó la intención del PP de 'incorporar sin más al debate el recurso de inconstitucionalidad'. Para los catalanes 'no es el momento'. Xuclá, sin embargo, adelantó su posición: 'Los estatutos no deberían tener control posterior de constitucionalidad sino, en todo caso, control u opinión previa de constitucionalidad'.

Quien más se alejó de la propuesta conservadora fue el portavoz adjunto del PNV, Aitor Esteban. El diputado recordó la 'conocida posición' de su grupo contra la instauración del recurso previo de inconstitucionalidad 'contra los proyectos de Estatuto de autonomía'. El PNV considera que esas normas autonómicas 'interpretan' la Constitución y es, por tanto, partidario de 'sustraer' del Constitucional 'la capacidad del recurso y dejar en manos de la soberanía de las Cámaras, de las Cortes Generales', su aprobación y fijación.

Aunque el debate sobre la enmienda conservadora acaparó el grueso del interés, la comisión ratificó también la mayoría fraguada en el Pleno para blindar el concierto vasco. Durante su intervención, Esteban quiso aclarar que la reforma sólo pretende conceder a las normas tributarias vascas la misma protección que ya tienen el resto de comunidades, es decir, que sólo puedan ser recurridas ante el Constitucional. Todos los grupos menos el PP apoyaron el dictamen acordado entre PNV y PSOE.

Al modificar varias leyes orgánicas, la reforma deberá pasar ahora al Pleno del Congreso donde, si no hay sorpresas, el día 17 pasará holgado el último trámite antes de entrar en vigor.

Si la norma que regula el recurso previo de inconstitucionalidad sale adelante, no será la primera vez que los partidos cuenten con esta herramienta. Estuvo en vigor durante seis años, entre 1979 y 1985.  Fue su uso indiscriminado por parte de la oposición lo que precipitó su derogación. La acumulación sistemática de recursos a todas las leyes del Ejecutivo provocó en la práctica el bloqueo de la actividad legislativa a la espera de sentencia. Pervertida su función de control, el Gobierno socialista procedió a derogar los artículos que le daban cobertura.