Quienes la aplican dicen que necesitan más dinero y quien coordina su implantación asegura que aporta más de lo que prometió. Un año y medio después de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, diversos grupos trabajan para detectar sus fallos y aconsejar posibles cambios.

Las modificaciones tienen que ver sobre todo con su financiación y con que no modificarán la esencia de la ley, según mantiene el grupo parlamentario socialista.

La aprobación, la semana pasada, de una moción de CiU en el Congreso para que se forme un grupo de expertos independientes que analice la ley e indique las posibles modificaciones que la mejorarían puso de relieve que incluso el PSOE aceptaría reformas.

Todos los grupos parlamentarios, incluso quienes votaron en contra de su aprobación, coinciden en que la Ley de Dependencia es ambiciosa y positiva. Que tenga problemas en su arranque, sostienen, no implica que no sea buena. La discordia irrumpe cuando se trata su financiación.

Aunar posiciones es fundamental si se quiere un giro; por ello, al menos siete comunidades gobernadas por el PP, además de Coalición Canaria, se reúnen hoy en Valencia. Pretenden presionar al Gobierno para que ceda a un nuevo modelo de financiación. El martes, las consejerías competentes en la aplicación de la Ley de Dependencia y el Ministerio de Asuntos Sociales tratarán el mismo tema.

La falta de dinero pervierte la ley, según la portavoz del PP en la comisión parlamentaria de Política Social, Lourdes Méndez. 'Los servicios que se prestan están dirigidos a la contratación de cuidados informales', asegura.

La prestación económica al cuidado familiar es el servicio más fácil de conceder; sale barato en comparación con otorgar una plaza gratis en una residencia, donde al mantenimiento hay que sumar el coste de la infraestructura. Pero la ayuda económica directa va en contra de la filosofía de la ley, que pretende crear infraestructuras de atención a dependientes.

'Estamos en condiciones de cumplir el calendario de implantación', asegura la portavoz socialista de Política Social en el Congreso, Marisol Pérez. 'No estamos pensando en modificarla, sino en desarrollar cambios dentro del sistema que ha creado la ley', explica.Pérez recalca el aumento del 33% en los presupuestos de 2009 para la dependencia. 'El legislador sabía que la ley no se iba a hacer en dos días, por eso previó su implantación hasta 2015', añade.

Y destaca las dificultades y el camino para poner en marcha una ley tan ambiciosa: 'No la echemos por tierra, arrimemos el hombro'.

Pero hay quien defiende que ocultar las fisuras no contribuye a solucionar los problemas. CiU votó en contra de la ley, entre otros motivos, por lo mismo que ahora asegura que se necesita una reforma: el modelo de financiación. Su portavoz en la comisión de política Social del Congreso, Carles Campuzano, no ve otra solución que 'un cambio en la ley', pero no detecta 'un giro del Gobierno a corto plazo'. Según critica, el modelo actual 'obliga a la comunidad a poner más dinero. Es un sistema perverso'.

¿Realmente lo es? Catalunya, gobernada por un tripartito con el PSC a la cabeza, así lo denuncia. Hasta el punto de que los socialistas catalanes han planteado la posibilidad de 'retrasar la atención a los dependientes moderados', que se deberían empezar a beneficiar de la ley en 2009.

'Incluso para los dependientes que se atiende ahora, se necesita más financiación', asegura la portavoz adjunta del PSC, Carme Figueras.

El problema radica en la previsión del número de dependientes que se hizo antes de aprobar la ley. El estudio previo (el llamado Libro Blanco de la Dependencia) 'se quedó corto', denuncia Figueras.El portavoz de ERC en la comisión parlamentaria de Política Social, Joan Tardà, defiende la importancia de la ley, pero asegura que urge una reforma de su modelo de financiación.

'No tiene sentido que el Estado, en su contribución económica, no contemple que las comunidades ya han aportado y siguen aportando dinero a los servicios sociales. El Estado da dinero para lo nuevo, pero no para mantener lo que ya hay en marcha', explica, señalando uno de los agujeros del sistema.

Tardà asegura que el Estado debería duplicar los presupuestos para el año que viene y no oculta sus miedos: 'Temo que la falta de recursos beneficie al sector privado', concluye.

El grupo parlamentario del BNG también reconoce el sobrecoste que la Ley de Dependencia supone a los servicios sociales, que ya existían en el seno de las comunidades autónomas. Su portavoz en la comisión, Olaia Fernández, es cauta y prefiere esperar a que los expertos aporten su análisis de la ley, previsto para el próximo mes de junio.

'Si se opta por una modificación de la forma de financiación, espero que se alcance el acuerdo en el consejo territorial, y no de forma cínica, con una modificación de la ley', defiende. Hasta que el recién creado grupo de expertos no concluya su trabajo y aconseje cambios para mejorar la implantación de la ley, no se sabrá hasta qué punto el PSOE está dispuesto a virar.

Llevan meses discutiendo y no se ponen de acuerdo. Ya de por sí, 17 realidades dificultaban el consenso sobre el copago, o lo que es lo mismo, en qué medida los beneficiarios del sistema deben contribuir a financiarlo. La falta de efectivos en un contexto de crisis hace que cada parte tire más fuerte de su cuerda.

Técnicos del Ministerio de Política Social y representantes de las comunidades autónomas se reúnen mañana martes para tratar el asunto. El copago, uno de los dos puntos básicos de la ley aún por desarrollar, se debe determinar por decreto.

La ley establece que las personas con una renta inferior al indicador de renta IPREM (516,9 euros mensuales) no deben contribuir al sistema. Pero ¿cuánto debe pagar el resto? La portavoz parlamentaria socialista en Política Social, Marisol Pérez, confía en que el consenso llegará pronto y asegura que sobre esa base de mínimos, cada comunidad decidirá si rebaja a sus ciudadanos costes o no.

Para los sindicatos, esto iría en contra de la ley, al no garantizar la cohesión. CCOO y UGT optan porque los márgenes que establezcan los copagos sean estrechos para que las comunidades no tengan margen de maniobra y la aportación sea similar en todo el estado.