La decisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de reforzar el papel del fiscal en la investigación de procedimientos penales, ha provocado la respuesta airada de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, que consideran que está propiciando "investigaciones paralelas".

A través de dos disposiciones dictadas este mes de marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha ordenado a los fiscales que intervengan de forma activa en la instrucción de los procedimientos penales, y les ha recordado que pueden ordenar investigaciones a la Policía Judicial, aunque exista un proceso judicial en curso.

En la segunda directiva, Conde-Pumpido recuerda a los fiscales que "no deben delegar" en el juez la responsabilidad de realizar una investigación correcta y eficaz, y afirma que "es precisamente el fiscal quien está en mejor posición para orientar esa investigación".

"Debe, por tanto, desterrarse ese vetusto arquetipo del fiscal ajeno a las vicisitudes de la causa", según afirma la instrucción, en la que se establece que los fiscales tienen "la obligación" de realizar un seguimiento de cada procedimiento penal desde que se incoa en un juzgado.

Asimismo, indica que deberán promover las diligencias y medidas cautelares que estimen oportunas e interponer recursos contra resoluciones que consideren contrarias a derecho, además de oponerse a repeticiones innecesarias de diligencias o acopios de material que no sea propiamente sumarial.

La circular se remite a las últimas reformas de la Ley Procesal Penal para destacar que se ha potenciado el papel protagonista del Ministerio Público en la fase de instrucción, al igual que en el primer escrito se recordaba que los fiscales pueden y deben dirigir una investigación criminal de la Policía Judicial.

Este criterio ha provocado una reacción crítica por parte de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, que consideran que esto podría propiciar investigaciones paralelas "sin control judicial y con riesgo grave de solapamiento" de la investigación que dirige el juez instructor.

La Junta de Jueces del tribunal, que se ha reunido hoy para analizar la orden de la Fiscalía, ha decidido comunicar a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, al Consejo General del Poder Judicial y a las Juntas de Jueces de toda España, además de al Ministerio Público, que rechazará cualquier diligencia practicada por el fiscal que no haya sido solicitada por el juez de instrucción.

Tras esta decisión, la Fiscalía General del Estado ha aclarado que no se trata de llevar a cabo investigaciones paralelas, que están prohibidas por ley, sino de practicar u ordenar a la Policía si fuera necesario "actuaciones concretas con el exclusivo fin de facilitar y agilizar la tarea instructora".

La Fiscalía insiste en que sus instrucciones se limitan a recordar a los fiscales otras órdenes ya vigentes y adaptarlas a la nueva estructura surgida del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, vigente desde octubre de 2007.