"La querella argentina abre una fisura en el férreo armazón de la impunidad del franquismo"

Baltasar Garzón considera adecuada la instrucción de la causa contra el franquismo que impulsa desde Argentina la jueza María Servini, pero recela de la forma en que se han tramitado en España las primeras órdenes de detención. Cree que el juez Ruz no confirmó la detención del expolicía Billy el Niño porque la orden de Interpol llegó indebidamente antes a manos del fiscal. "Es un síntoma de que la falta de colaboración va a ser la norma", dice. Aunque se muestra confiado en la determinación del actual Gobierno argentino a facilitar las cosas.

Sin embargo, a modo de justicia de ida y vuelta, compara su experiencia en el ejercicio de la jurisdicción internacional contra los dictadores del Cono Sur americano con el proceso inverso de la querella argentina, destacando su trascendencia porque "abre una fisura en el férreo armazón de la impunidad del franquismo". Garzón aboga por un acuerdo histórico de las fuerzas políticas españolas sobre la memoria histórica y apuesta por la creación de una comisión de la verdad. "Es lo mínimo que merecen las víctimas".

Usted encarna de alguna manera la aplicación práctica del principio de justicia universal porque consiguió abrir brecha para romper la impunidad que blindaba a los militares que protagonizaron los golpes y posteriores dictaduras en el cono sur americano: Argentina y Chile. ¿Fue tan difícil abrir la puerta a la justicia para juzgar los crímenes de aquellas dictaduras como lo está siendo para la jueza argentina juzgar los crímenes del franquismo?

"La falta de comprensión entre las generaciones jóvenes se debe a que no ha habido educación sobre la dictadura y la memoria histórica"En España no fue fácil, porque no hubo colaboración del Gobierno del Partido Popular de la época desde marzo de 1996 y porque también el Gobierno argentino de Carlos Saúl Ménem impidió la colaboración, pero fue la fuerza de las víctimas, como aquí, y de las organizaciones de Derechos Humanos las que mantuvieron la llama viva, el compromiso y la denuncia. Fueron de Argentina a Naciones Unidas, a los tribunales regionales e incluso vinieron a España. Y plantearon esa iniciativa. Esa fuerza es lo que después hizo reaccionar a las instituciones, en primer lugar la justicia.

¿Hoy es difícil? Sí, la juez argentina lo tiene difícil, partiendo de cómo se ha producido la recepción en España de las órdenes de detención. Lo normal es que cuando llega la orden por Interpol, se presente al juez y se proceda a la detención. Aquí no se hizo eso. La orden de Interpol se llevó al fiscal que, antes de llevarla al juez, emitió un dictamen contra la detención y entonces el juez se vio bastante forzado a no ordenar la detención. Es un síntoma de que la falta de colaboración va a ser la norma.

Cuando el Gobierno de Aznar no quiso cursar la extradición de 40 militares argentinos en 2003 se justificó diciendo que Argentina ya estaba investigando. Ahora el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá que decir que se presta colaboración porque aquí no se investiga y allí sí.

Dicen las malas lenguas que el Gobierno, a través de la fiscalía, ha ensayado con ellos el modo de blindar a otros personajes imputables de mayor peso,  como los exministros  Martín Villa o Utrera Molina que, por cierto, es el suegro del ministro de Justicia Gallardón.

No lo sé. Lo cierto es que la orden de detención internacional se refería a cuatro personas, dos de las cuales han fallecido. Habrá que esperar si hay más órdenes de detención. Lo importante de esta decisión es que se abre la puerta frente a la impunidad. Se abre una fisura en el armazón férreo que se había construido en España y esa fisura se puede consolidar y abrir más o no. Habrá que esperar acontecimientos.

Tengo entendido que tuvieron que pasar nueve años desde que, en Argentina, usted abrió esa fisura hasta que acabó por derogarse la ley Punto Final.

Sí, ese fue el tiempo que pasó desde 1996 hasta que la Corte Suprema, en junio de 2005, anuló las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Ahí se abrieron las compuertas. En Argentina se está sometiendo a gran parte de los represores a juicios por crímenes contra la humanidad. Y ya se están investigando los aspectos económicos que sustentaron el golpe y la represión, lo cual profundiza no sólo en la justicia penal, sino también en la justicia social y reparadora en forma integral.

En este proceso de justicia de ida y vuelta, entrevistamos en mayo a la jueza María Servini la pasada primavera. La vimos valiente y dispuesta a llegar hasta el final. Al menos lanzó un mensaje de esperanza a las víctimas y sus familiares de que la justicia cumpliría su objetivo más tarde o más temprano. Usted se ha reunido con ella. Da la impresión de que se le nota influenciada por usted y ella reconoce que le tiene aprecio. ¿Cómo valora el trabajo de María Servini?

"Es muy duro oír en tu propio país, que se precia de ser democrático, que los rojos están enterrados como perros y bien enterrados están"

Más que reunirme con ella, fui citado como testigo. Me preguntó cómo estaba la situación en España, qué se estaba haciendo y le dije la verdad: que no hay investigación y que las víctimas se han quedado en un absoluto desamparo. Me parece que hace un trabajo responsable. Ha fijado su iniciativa en personas muy concretas. Allí están las víctimas impulsando el procedimiento, porque allí tampoco el Ministerio Fiscal apoya la iniciativa, como ocurrió en España desde 1996 hasta 2004. Hasta que tras el cambio de Gobierno ese año en España el fiscal general nuevo dio instrucciones y la fiscal Dolores Delgado acusó a Scilingo y se consiguió la condena.

Yo creo que ahora estamos en un momento importante. Hay una conciencia clara de buena parte de la sociedad española de que esto no está cerrado definitivamente. Tenemos la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU, tenemos a una juez argentina que está actuando y yo creo que tenemos la fuerza de la razón.

Sin embargo, también tenemos un comportamiento obstruccionista del Gobierno español, evidenciado cuando una presión diplomática forzó la suspensión de la toma de declaración por videoconferencias a querellantes españoles en las legaciones diplomáticas argentinas, la pasada primavera. Curiosamente ahora, en la Asamblea general de la ONU, hemos visto a los cancilleres español y argentino ponerse rápidamente de acuerdo contra el Reino Unido haciendo causa común por la descolonización de Gibraltar y de las Malvinas. ¿Cree que ese acercamiento bilateral puede facilitar el trabajo de la jueza argentina?

Héctor Timerman, canciller de la República Argentina, que fue víctima de la dictadura argentina, está absolutamente decidido a que la cooperación judicial internacional se produzca. La cancillería está impulsando la comparecencia en los consulados y en la Embajada. Es una mecánica que España ha practicado, porque jueces de la Audiencia Nacional se han desplazado a consulados españoles en otros países para tomar declaración sobre delitos que estaban investigando. Por tanto, no se puede argumentar en España al respecto y en contra. Espero que la cooperación judicial al amparo del tratado bilateral funcione y que sean los jueces los que decidan. No hay más ciencia. Llega la orden y se tramita con prisión o sin prisión. El juez es libre de decidir si adopta las medidas para garantizar que nadie huya y cuando llegue el momento, que la Audiencia Nacional decida si procede o no la extradición. Entonces el Gobierno tendrá la oportunidad de decir sí o no. Esa es la ley. Eso es lo que ocurrió con el caso Pinochet. Habrá que esperar. Y entretanto, la colaboración debería ser total.

Recordando cinco años atrás cuando usted dictó su auto en el único intento de la justicia española para investigar el genocidio franquista, parece que enemigos no le faltaban en el Gobierno de Zapatero, ni en altas instancias del poder judicial. De hecho la operación de acoso y derribo contra usted se inicia bastante antes de la llegada al poder del PP. Como si algunos y algunas no pudieran soportar que con su auto de 2008 dejara en evidencia el "alcance limitado" -expresión de los expertos de la ONU- de la Ley de la Memoria Histórica de 2007.

"La lay de Memoria Histórica de 2007 es absolutamente insuficiente para una reparación mínima aceptable para las víctimas "La Ley de Memoria Histórica fue un intento de Zapatero de hacer algo a favor de las víctimas, pero esa ley se quedó muy corta. No profundizó hasta donde debiera y evidenció la fractura que todavía existe en la sociedad española respecto a este tema. Esa ley es absolutamente insuficiente para una reparación mínima aceptable para las víctimas. Una ley que no prevé la acción de la justicia, aunque no la excluye. Pero ya la interpretación del Tribunal Supremo es contraria. Una ley que no es capaz de imponer que el Valle de los Caídos sea ya un monumento de y para las víctimas y que se elimine la tumba del dictador -que puede estar en otro lugar dignamente para quienes lo quieran respetar- no es una ley de reparación integral, porque además olvida apoyos económicos y sociales. Muchos querríamos que grupos políticos deberían superar este tema y ponerse de acuerdo no con la excusa de la Transición, porque no se pronunció para nada sobre los crímenes del franquismo y la dictadura. Eso sería un hecho histórico relevante, un acuerdo para reintegrar la memoria histórica de tantos miles de ciudadanos y de ciudadanas.

Aquí la memoria histórica ha servido para concienciar sobre el alcance de la represión franquista y para desmontar el lavado de cerebro colectivo que durante 40 años promovió el régimen. Aún hay demasiada gente que la rechaza por esa larga influencia ideológica y la tilda de revanchista y de abrir heridas. Usted que viaja mucho y que se mueve en el terreno de la memoria internacional, ¿qué impresión tiene de la imagen de España sobre este debate y del conocimiento que tiene el mundo sobre el franquismo: el de un régimen autoritario y plácido, como dicen algunos, o el de una de las dictaduras con más crímenes a sus espaldas?

Más bien lo segundo, la perspectiva sobre el franquismo no es precisamente dulce fuera de España. Es la de una dictadura fascista, de las más cruentas y que mantuvo su dureza hasta el último momento. Creo que esa falta de comprensión que hay en España entre las jóvenes generaciones se debe a que no ha habido para nada una educación sobre la dictadura y la memoria histórica. Eso es lo verdaderamente preocupante y nos lastra como ciudadanos y personas. Estás en Chile o Argentina, incluso en Brasil, y se están haciendo comisiones de la verdad.

No olvide Colombia, con su reciente informe.

También Colombia. Y El Salvador. Están con problemas, pero decididos a investigar. La matanza de Mozote. Es decir, 20 años después de la comisión de la verdad y de la ley de amnistía se abre juicio penal.

Todo se mueve en todas partes menos aquí.

Y aquí nada. Hasta Erdogan en Turquía eliminó del código penal ya en 2010 que hablar del genocidio armenio fuera delito. Aquí, ni eso. Es muy duro ver que en tu propio país, que se precia de ser democrático, todavía haya gente que cuando tratas estos temas, te llamen rojo. Incluso oír que los rojos están enterrados como perros y bien enterrados están. Esto no va por ahí, sino por construir el futuro partiendo del presente y del pasado.

"Ahora tenemos que soportar que organismos internacionales nos digan que ni lo hicimos ni lo hacemos bien y que corrijamos el rumbo"

Le propongo, para terminar, un ejercicio de prospectiva. Intente no confundir el deseo con un vaticinio racional. ¿En qué va a quedar todo esto de la memoria histórica en España? ¿Veremos algún día sentarse en el banquillo aquí o en Argentina a imputados por crímenes de lesa humanidad? ¿Habrá una comisión de la verdad que establezca lo que fue realmente el franquismo? ¿El Estado español asumirá la búsqueda de los desaparecidos? ¿Habrá verdad, justicia y reparación en relación a la guerra civil y a la dictadura franquista? ¿Se cerrarán las heridas abiertas para pasar página y dar paso a una auténtica reconciliación?

Creo que es absolutamente necesario. La comisión de la verdad la podemos y la tenemos que conseguir. Es la mínima reparación que las víctimas merecen. La reparación integral comienza por ahí: que haya juicios y condenas, si las tuviera que haber. Es deseable pero difícil por el tiempo. Pero la comisión de la verdad ocuparía ese espacio que de forma arbitraria la justicia española en su más alto tribunal ha decidido cerrar. Y ahora tenemos que soportar que organismos internacionales nos digan que ni lo hemos hecho bien ni lo estamos haciendo bien y que, cuanto antes, corrijamos el rumbo.