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Rajoy propone un código ético tras liquidar el de Aznar

El PP aprobó en 2008 unos estatutos mucho más suaves con los presuntos corruptos

M. J. GÜEMES

Mariano Rajoy anunció ayer que en el próximo Comité Ejecutivo Nacional propondrá "un código de buenas prácticas" que refuerce la transparencia de su sistema de gestión interna, "mucho más allá de lo legalmente exigido" y que elimine "cualquier riesgo de arbitrariedad o favoritismo".

El líder del PP explicó que su formación iba a "hacer un esfuerzo mayor" que en otras ocasiones para que no se repitan acontecimientos como los que se han dado a conocer a raíz del caso Gürtel. Y quiso poner un ejemplo claro de lo que tendrá que figurar en ese documento. "No sé quién ha montado el acto de Dos Hermanas (Sevilla). Pero a partir de ahora tendré que intentar enterarme de quién lo hace", anunció prometiendo que haría "lo posible y lo imposible" para evitar lo que está sucediendo ahora.

Rajoy pretende eliminar "cualquier riesgo de arbitrariedad"

En las filas conservadoras la noticia cayó bien. Algunos señalaban que era lo mejor con tal de resarcir "el daño y la mala imagen del partido en estos últimos meses". Otros realmente no confiaban mucho en el resultado de esta iniciativa.

El PP ya tuvo un código ético en 1993 con José María Aznar al frente. Este documento fue elaborado para presentar a los conservadores como ejemplo de honestidad frente a los escándalos de corrupción que salpicaban a los socialistas.

El documento de 1993 era más exigente que los estatutos actuales

En el texto pedían a sus cargos públicos que se comprometieran a "comunicar a la dirección del partido y a poner a su disposición el puesto público que desempeñaran si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudieran derivarse indicios racionales de comisión de delito".

El código era muy ambicioso y sostenía que sería motivo de expulsión inmediata "la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros".

Ahora la situación ha cambiado sustancialmente. Los sucesivos estatutos del partido, que han salido de los congresos nacionales, han borrando aquel código de 1993. En los últimos, los que salieron del cónclave de Valencia de 2008, en el que Rajoy fue reelegido presidente, se fija que sólo se suspenderá automáticamente de funciones y militancia a quien tenga "una condena firme en un procedimiento penal por la comisión de un delito doloso".

"Tendré que enterarme de quién hace los actos", dijo el líder del PP

Es el artículo 16, apartado 6 de la norma interna por la que se rigen actualmente los conservadores. Es un blindaje en toda regla para los presuntos corruptos, teniendo en cuenta que hasta que se emite una sentencia firme, suelen pasar muchos años, ya que ese plazo incluye la instrucción del sumario, las sentencias de primera y segunda instancia, y los posibles recursos ante el Supremo o el Constitucional.

En sus estatutos, el PP introdujo este importante matiz, aunque mantuvo algunas medidas cautelares como "la suspensión provisional de funciones y de militancia a los afiliados". Para aplicarlas, se exige "siempre" el acuerdo de la mayoría del Comité de Derechos y Garantías, órgano al que ahora acudirá Ricardo Costa para que se le escuche.

En el PP siempre han negado que con esta redacción se estuviera protegiendo a sus cargos envueltos en casos de corrupción. Pero lo cierto es que con ello amparan a algunos de sus cargos, como al presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, imputado por la comisión de varios delitos contra la Administración pública y fraude fiscal.

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