“Eliminación de la financiación prevista en los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Castilla-León, Illes Baleares y Cataluña”. Esta frase, que ayer por la tarde aparecía en la referencia del Consejo de Ministros junto al resto de medidas de ajuste aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP), fue eliminada por Moncloa poco después y provocó que el ministerio de Hacienda se viese obligado a sacar un comunicado que reza así: “No se ha modificado la financiación prevista en los Estatutos de Autonomía de ninguna Comunidad Autónoma”. La rectificación de la frase, un ataque directo al Estatuto andaluz, fue interpretada por los socialistas como una “chapuza”.

Su inclusión como una “medida de reducción del gasto” más, junto a la reducción de un 20% en las subvenciones a los partidos y la reducción del presupuesto en I+D+i en 600 millones, había provocado la reacción del Gobierno andaluz y del PSOE, preocupados porque el PP pretendiera cargarse la disposición adicional del Estatuto de Autonomía (que el PP de Javier Arenas apoyó) y que prevé que las inversiones del Estado en la Comunidad sean “equivalentes” al peso de la población andaluza por un período de siete años. Los últimos cinco años, el Gobierno de Zapatero había cumplido con el Estatuto.

Polémica política

Antes de que se produjera la rectificación de Moncloa, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo había mostrado su “preocupación” por la medida. “Detrás de esto está la voluntad del Ejecutivo de incumplir el Estatuto de Autonomía y de incumplir los acuerdos de la Comisión bilateral”. Después de la rectificación, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, manifestó a Europa Press que  el Gobierno de Rajoy había “desmentido tajantemente” a Aguayo. “Queda claro que no ha existido ningún tipo de modificación de la financiación prevista” en el Estatuto, agregó Sanz. Nunca nadie tuvo claro cómo un decreto podía eliminar una previsión estatutaria, que jurídicamente toma la forma de ley orgánica y sólo puede ser modificada por la mayoría absoluta del Congreso, nunca por una decisión gubernamental.

El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, también terció y manifestó que parecía que el Ejecutivo de Rajoy estaba “legislando contra Andalucía”. En declaraciones a Efe, Jiménez dijo que el PSOE está “enormemente preocupado de que el Gobierno pusiera en marcha una estrategia de acoso a los intereses de Andalucía”, ante lo que no descartó acciones políticas o judiciales.

Subida de las pensiones

Además de la protesta y la inquietud por la “chapuza” de Moncloa, el Ejecutivo de José Antonio Griñán aprobó ayer  en un Consejo de Gobierno que hizo coincidir con el de ministros que, como era sabido, iba a lanzar una batería de recortes, la mejora de las pensiones asistenciales y no contributivas, prestaciones que aumentan un 2% en ambos casos. Griñán logró sacar así 24 millones de euros para destinarlos a más de 117.000 personas, el 73 % mujeres, que serán las que se beneficiarán de esta medida. Y también logró un nuevo contraste con la tijera del PP, después de aprobar unos presupuestos sin recortes en Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

El Gobierno andaluz lleva desde 1989 aprobando ayudas extraordinarias para las pensiones de personas mayores, enfermas o con discapacidad que carecen de posibilidades laborales. En el caso de las no contributivas de jubilación e invalidez, el Gobierno andaluz ya concedió ayudas adicionales en 1999 y entre 2003 y 2011.

Ahora, por un lado, 11.850 perceptores de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos recibirán 1.075 euros fraccionados en cuatro pagos a lo largo de 2012 , lo que le costará a la Junta 12,7 millones de euros.

Por otro lado, las 106.000 personas que perciben pensiones no contributivas en la Comunidad Autónoma cobrarán una ayuda complementaria individual de 111,40 euros, lo que supondrá un gasto total  a la administración de 11,8 millones de euros.

Recortes en dependencia

El Gobierno andaluz también criticó los recortes en dependencia anunciados por el Gobierno conservador. La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, aseguró a Europa Press que la decisión del Consejo de Ministros de posponer a 2013 la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley de Dependencia, en concreto, de los llamados dependientes moderados era “la crónica de una muerte anunciada”; pues, según recordó, antes de las elecciones del pasado de 20 de noviembre, el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya señaló que esta Ley era “inviable”. La portavoz del PP, Rosario Soto, replicó que el Gobierno de Zapatero había recortado un 10% el presupuesto.