El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que su partido ha elaborado una "estrategia coordinada de reformas para salir de la crisis económica" que afectará al sector público autonómico a través de la reducción de empresas y organismos y de su personal adscrito.

Estas son algunas de las medidas anunciadas en un comunicado del PP y en una rueda de prensa ofrecida por Rajoy después de celebrar una reunión con los líderes regionales del partido en la que han adoptado una serie de principios a aplicar donde gobierna y gobernará tras las elecciones municipales del pasado 22 de mayo.

Además, el PP ha comunicado que no subirá impuestos para fomentar la creación de empleo y que fijará para las comunidades autónomas "un techo de gasto no financiero en línea con el definido para los Presupuestos Generales del Estado".

Sobre las cuentas públicas, el PP va a solicitar la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir las medidas "urgentes y necesarias" a fin de lograr los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2011.

También ha señalado que pedirá que en esa reunión se aborde la reforma de la Ley de estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y de los acuerdos del CPFF.

Al mismo tiempo, el PP ha demandado la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local, de la que forma parte la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para que allí se analicen también las políticas de austeridad de los ayuntamientos y el cumplimiento de los límites de endeudamiento.

El PP ha explicado que quiere conocer "el estado de situación real de las finanzas públicas", para lo cual verificará la tesorería de ayuntamientos y comunidades en el momento del traspaso de poderes, además de comprobar la situación de los ingresos y gastos respecto al presupuesto de este ejercicio.

En cuanto a los cambios en el sector público local, el PP ha indicado que reducirá "el número de entes y organismos públicos", además de limitar el número de consejerías a un máximo de 10 por comunidad autónoma. También rebajará el número de las delegaciones provinciales de cada comunidad.

El PP ha añadido que también recortará "los altos cargos, puestos de libre designación y personal eventual de las distintas administraciones, empresas y entidades públicas" y que presentará un "Informe de Redimensionamiento del Sector Público Empresarial".

Además, las comunidades y entes locales adoptarán un plan de ahorro del gasto corriente a cuatro años que incluirá, entre otros aspectos, la gestión integral del patrimonio inmobiliario y de los alquileres de todas las administraciones públicas o la constitución de centrales de compras compartidas para conseguir mejores precios de energía, telefonía o equipamientos.

Este plan de ahorro prevé establecer acuerdos entre comunidades para contratar o prestar servicios, reducir gastos de representación y publicidad y de parque móvil, desarrollando el uso compartido.

Entroncado con las propuestas de creación de empleo, el PP ha afirmado que revisará "ayudas y subvenciones de concesión directa para garantizar plenamente los principios de igualdad y concurrencia competitiva", además de promover el desarrollo de un "Plan de Emprendedores" que incluye "el compromiso de no subir impuestos".

El PP ha propuesto, para crear puestos de trabajo, la "moratoria en el pago" de impuestos vinculados al inicio de la actividad económica, simplificar el sistema de licencias administrativas, agilizar trámites de creación empresarial, eliminar trabas burocráticas y medidas de financiación -avales, garantía recíproca, etc.-.

Además, el PP ha anunciado la revisión de "la normativa autonómica y local que suponga un obstáculo para la unidad de mercado" -coordinación para establecer un sistema de reconocimiento mutuo de permisos y licencias- y aplicará un plan para minimizar los tiempos de pago a los proveedores.