Rajoy respalda a Cospedal pero no aporta pruebas

Cinco días. Es lo que ha tardado Mariano Rajoy en romper su silencio sobre las acusaciones de espionaje al Gobierno vertidas la semana pasada por la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal.

El líder del PP, Mariano Rajoy, reapareció ayer en Pontevedra para no desviarse ni un milímetro de lo denunciado por su número dos. Y para confesar que ya ha encontrado al culpable de todos los "ataques injustificados" que sufre su partido: José Luis Rodríguez Zapatero, en quien personificó todas sus críticas.

Visiblemente molesto y nervioso, Rajoy dijo compartir "todo" lo denunciado por su número dos. Es decir, que desde las autoridades policiales y judiciales se están realizando escuchas telefónicas ilegales a personas que nada tienen que ver con los sumarios del caso Gürtel. Se trata de unas acusaciones que han sembrado la alarma social poniendo en pie de guerra a jueces, fiscales y policías.

"Juicios paralelos"

"¿Quién resarce a Camps de seis meses de imputaciones? No se puede detener a la gente sin más, es un asunto muy grave que con nosotros en el Gobierno no ocurría", insistió Rajoy, tras volver hablar de Zapatero como "uno de los inquisidores del siglo XXI". En su opinión, el jefe del Ejecutivo es "responsable" de las condenas públicas y de los "juicios paralelos" al presidente valenciano o al líder del PP en Canarias, José Manuel Soria.

Rajoy, que se negó a aclarar si la formación que preside va a denunciar el supuesto espionaje, zanjó el asunto, contrariado ante la insistencia de los informadores, con un "ya veremos lo que hacemos". "Confío en la Justicia, no así en el Ministerio del Interior. Confío en las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero no me fío de sus responsables políticos", aseveró.

En este sentido, el presidente del PP adelantó que pedirá la comparecencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que explique lo ocurrido en Baleares con los detenidos de la operación Espada. "Es posible que el presidente del Gobierno no se haya enterado de lo ocurrido porque está veraneando", ironizó. Rajoy pidió que Zapatero aborde esta "campaña contra el PP" en el Consejo de Ministros de mañana.

Férrea defensa de Barberá

También hizo una férrea defensa de la alcaldesa de Valencia, ahora que su gestión en la FEMP está bajo la lupa: "Es una persona intachable, honrada y elegida democráticamente desde 1991". No obstante, declinó pronunciarse sobre las afirmaciones de Federico Trillo y su supuesta posesión de las cintas que prueban el espionaje. Dijo desconocer las declaraciones.

El responsable de Justicia y Libertades Públicas del PP había reaparecido horas antes que su jefe para alimentar la tesis de que altos cargos del PP han sufrido pinchazos. Trillo narró en los micrófonos de Onda Cero las sospechas que le llevan a mantener que él mismo fue espiado mientas hablaba del caso Gürtel con el abogado del PP. Y, como hizo hace ya casi un mes, puso sobre la mesa su convencimiento de que también Camps ha sido espiado.

Conversación telefónica

El responsable político de las identificaciones erróneas del Yak-42 aseguró tener en su poder una conversación telefónica en la que un inspector de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) le notificaba a Camps la inhibición del juez Baltasar Garzón a favor del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana para investigar el caso Gürtel. "Vamos a aportar las cintas", dijo.

El dirigente conservador no desveló cómo había tenido acceso a esa conversación y puso en duda que la grabase el propio Camps, al que calificó de "bastante manazas". Tampoco aportó ninguna prueba de que la grabación fuese ilegal.

Contradicciones

También pasa por alto Trillo que al desvelar estos datos pone al descubierto que Camps fue avisado de los avances judiciales del caso por teléfono, un anuncio que el propio dirigente conservador explicó que ni suele hacerse por esta vía ni lo hace la Policía.

El responsable de Justicia del PP explicó, además, que en la denuncia presentada por su partido a finales de julio se denunciaba la grabación de una conversación de un "presunto implicado" en el caso en 2006, mientras que el sumario comenzó en agosto de 2008. Así, calificó de "rotundamente ilegal" esta grabación. El PP tiene muy presente que el caso Naseiro fue archivado al considerar que las escuhas se produjeron sin autorización judicial.