El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes el Anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales que, de acuerdo al último borrador, permite al Ejecutivo central y a los autonómicos disolver las juntas de gobierno de estas corporaciones y ordenar la celebración de nuevas elecciones. El texto ha concitado críticas antes de su alumbramiento, por el intervencionismo que otorga al Ejecutivo disfrazado de 'tutelaje' y de 'control de eficacia' de los colegios, a menudo muy críticos con la actuación del Gobierno.

La Unión Profesional, que agrupa a 35 colegios profesionales de ámbito estatal, 966 territoriales, y más de 1,4 millones de profesionales, ha censurado esta semana al Ministerio de Economía --que pondrá sobre la Mesa del Gobierno la ley-- por no haber entablado una negociaciòn previa en 'un sector tan sensible como el de los servicios profesionales', lo que califica de 'desprecio'. Señala que no está garantizada la independencia de los colegios y sus funciones.

En el último borrador de la Ley, se establece como 'Administración de tutela' de los colegios la central o la autonómica, dependiendo del ámbito de la corporación, siendo en el primer caso el Ministerio que competa por razón de la materia --Sanidad, en caso de médicos, o Justicia, en el de abogados--. La comunidad autónoma tendrá que establecer el departamento que ejerza 'la tutela'.

La Ley señala la obligación de que los colegios presenten una Memoria anual que contenga las cuentas anuales consolidadas, información estadística sobre sanciones, quejas y reclamaciones de los ciudadanos, e incompatibilidades y conflictos de intereses, y una auditoría en el caso de los colegios de pertenencia obligatoria --novedad respecto a la legislación actual--.

En el artículo 33 del borrador de la Ley, se destaca que la Administración de tutela, una vez recibida la Memoria Anual, 'deberá evacuar en el plazo de tres meses informe de conformidad'. Y añade: 'el informe de conformidad con conclusión general desfavorable deberá estar suficientemente motivado y conllevará la disolución de la Junta de Gobierno del Colegio profesional y la necesidad de convocatoria de nuevas elecciones'.

En la exposición de motivos, el Gobierno señala que los colegios son corporaciones de derecho público que asumen potestades públicas, por lo que 'es necesario que estén sometidos a una tutela administrativa específica con el objetivo de garantizar la protección de los intereses de los consumidores y usuarios'. Del mismo justifica que las administraciones 'de tutela' realicen los informes de conformidad sobre la gestión de los colegios de pertenencia obligatoria.

Además, el Ejecutivo señala que es necesario un marco general de los servicios profesionales ya que la regulación actual es 'fragmentaria y obsoleta y no ha evitado la conflictividad entre profesionales'. En cuanto a los colegios, señala que su regulación básica es preconstitucional (1974), aunque ha sido objeto de múltiples reformas desde esa fecha.

Fuentes de los colegios denuncian el 'intervencionismo feroz' de los gobiernos central y autonómicos en los colegios profesionales que instaura la nueva Ley.

La Unión Profesional, creada hace 33 años y que defiende a más de 1.000 colegios, censura en un comunicado 'la posible publicación de este Anteproyecto a primeros de agosto, tal y como ha manifestado el Ministro (Luis de Guindos), que conllevaría un periodo de alegaciones en este mes, lo que sería no sólo gravoso sino que menoscabaría la participación de los múltiples colectivos afectados'.

Desde las profesiones colegiadas reunidas en Unión Profesional reclaman nuevamente el establecimiento de una interlocución real y efectiva de cara a la elaboración de una Ley de Colegios y Servicios Profesionales, 'que venga a garantizar la independencia de las corporaciones colegiales, y sus funciones, para la mejor defensa del interés general y  la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos'.

El proceso prelegislativo así realizado 'supone un menosprecio al subsector de servicios profesionales y a los colegios, que son sus organizaciones de ordenación y control, así como una desconfianza injustificada que se manifiesta en la falta de una efectiva interlocución política y técnica, a pesar de haber sido solicitada en varias ocasiones. Ello supone llevar a cabo una propuesta legislativa a espaldas del sector, siendo justo lo contrario a lo que se había planteado al inicio de la legislatura, despreciando con ello lo positivo y beneficioso que pueden aportar los Colegios profesionales españoles'.