El documento que el Gobierno remitió a los grupos parlamentarios con los que negocia un gran pacto de Estado contiene medio centenar de medidas y objetivos, que se resumen en la necesidad de crear empleo y la obligación de llegar a una tasa del 3% en el déficit público en 2013. La mayoría no son completamente nuevas. Ya formaban parte de las incluidas en la Ley de Economía Sostenible, pero ahora las estudiará con los partidos y de toda negociación salen cambios. El Ejecutivo destaca que diez de ellas son totalmente nuevas o mejoran los planteamientos que anteriormente había anunciado.

La medida estrella es la adaptación de la forma de proceder del ICO para que las empresas más pequeñas puedan acceder a los créditos, aunque contempla también otras muchas medidas para fomentar la financiación a diferentes ámbitos, como el turístico, la internacionalización o la promoción inmobiliaria.

Ofrece mejoras en el IVA e IRPF para la rehabilitación de viviendas

Una parte muy importante de las iniciativas son de carácter fiscal, aunque en este caso no hay grandes novedades porque el Ejecutivo las ha ido desgranando en los últimos meses. Incluso, alguna de ellas, como la deducción fiscal para el uso del transporte público, la anunció ya en mayo del año pasado el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Debate sobre el Estado de la Nación.

Además de asumir más riesgos en la concesión de créditos a pymes, el Ejecutivo, de forma progresiva, limitará a 30 días el plazo máximo de pago de las Administraciones Públicas a las empresas con las que trabaje y establecerá un periodo máximo de 60 días para que las grandes compañías abonen las facturas a las pymes y autónomos. Con estas medidas, pretende acabar con las dos grandes quejas de los empresarios: que no consiguen créditos y que están ahogados porque tardan demasiado en cobrar.

Se compromete a reducir los cargos directivos del Estado y sus empresas

Las medidas contemplan también impulsar la colaboración con las empresas de garantía recíproca para que las operaciones de crédito inferiores a 600.000 euros tengan un doble aval y sea más fácil concederlas, así como potenciar la capacidad de las asociaciones empresariales para que actúen en nombre de sus asociados frente a cláusulas abusivas en materia de plazos de pago.

Siete son las medidas que forman parte de los incentivos fiscales propuestos, pero todas ellas conocidas. La más destacada es la deducción del 10% en el IRPF que podrán aplicarse los contribuyentes con una renta inferior a 33.007,2 euros (hasta ahora se pretendía limitarlas a rentas de 24.107 euros) que realicen obras de rehabilitación en su vivienda con fines de eficiencia energética y habitabilidad. Las ayudas tendrán un límite de 12.000 euros por vivienda. Además, hasta el 1 de julio de 2012, todas las obras de rehabilitación (sea cual sea el fin) tendrán un IVA reducido del 8%.Con estas medidas de apoyo a la rehabilitación, se prevé que se creen al menos 350.000 empleos en dos años.

Para favorecer el uso del transporte público, el trabajador no tendrá que tributar como rentas en especie las cantidades satisfechas por su empresa para sus desplazamientos entre su residencia y el centro de trabajo en transporte público con un máximo de 1.500 euros anuales. Dentro de este grupo, el Ejecutivo ha incluido la reducción de las tasas de navegación aérea en un 15% que ya se ha aprobado. Además, se incluye el aumento del 8% al 12% en la deducción de las actividades de innovación en el impuesto de sociedades. En algunos casos se amplía hasta el 60% la deducción de I+D+i. El objetivo es que represente el 2,5% del PIB en 2015.

Para impulsar la creación de empleo y reducir un 20% el consumo energético, las Administración Públicas contratarán a empresas de servicios energéticos en 2.000 edificios públicos, incluidos de comunidades autónomoas y entes locales.

La Línea ICO-FuturE de apoyo a la renovación de establecimientos turísticos se ampliará de 400 a 500 millones de euros. Además, se incentivará a las empresas que amplíen su actividad por encima de los seis meses cada año y se fomentará la colaboración del sector privado en la promoción exterior del turismo.

Con el objetivo de recortar el gasto público, el Ejecutivo ha planteado una nueva medida. Reducirá los cargos directivos de la Administración General del Estado, así como el número de cargos directivos de las empresas y de miembros en los consejos de administración. Además, se compromete en el documento a que las nuevas actuaciones de gasto resulten neutrales en términos presupuestarios y confirma el plan anunciado por el ministro de Fomento, José Blanco, de colaboración público-privada en el sector de infraestructuras de transporte, especialmente en el ámbito ferroviario.

En el sector financiero, el Ejecutivo ha acordado con el Banco de España acelerar el proceso de reestructuración de bancos y cajas y la agilización del fondo de rescate.