Antes incluso de convocarse la huelga general ya hubo movilizaciones contra la reforma del sistema de pensiones. El Ejecutivo presentó sus planes para la Seguridad Social a finales de enero, en los que defendía la ampliación de la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y abogaba por un aumento en el periodo de años para el cálculo de las
prestaciones.

La propuesta provocó la primera oleada de movilizaciones sindicales contra los planteamientos del Gobierno, que rechazaban de plano. Las protestas culminaron con una jornada de manifestaciones en las grandes ciudades a finales de febrero. El rechazo sindical y político a los planteamientos para la reforma de las pensiones provocó que los planes sobre las jubilaciones se enfriaran, hasta el punto de que desde el Ministerio de Trabajo se llegó a hablar de un aplazamiento de uno o dos años.

Esta idea se truncó tras las tensiones en los mercados financieros y las presiones de la UE, que tuvieron como respuesta el duro ajuste acordado por el Ejecutivo en el mes de mayo. Aquellas medidas, de un lado, afectaron a las prestaciones, al decidir la congelación de las pensiones contributivas en 2011, y, de otro, reflotaron y aceleraron los planes para la reforma de la jubilación, que Rodríguez Zapatero pretende llevar al Parlamento como proyecto de ley orgánica antes de terminar el año.

UGT y CCOO piensan que la propuesta de reforma de las pensiones abona el terreno para el seguimiento de la huelga general de hoy. Los sindicatos sostienen que el Ejecutivo está manteniendo en este asunto 'las posiciones más regresivas' y lamentan 'el proceso de distanciamiento respecto del Pacto de Toledo'.

La esperanza de las centrales sindicales, precisamente, es que los aspectos más polémicos de la reforma no encuentren el consenso necesario para salir adelante en la comisión parlamentaria. Especialmente, el aumento de la edad de jubilación a los 67 años, una propuesta 'tremendamente lesiva'.

Los sindicatos cuestionan la propuesta para ampliar el periodo de cálculo de las pensione

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, asegura que no es ni justo ni necesario retrasar la edad de retiro, y que el Gobierno no está en condiciones de garantizar a los trabajadores que a los 67 años vayan a tener un empleo, cuando 'no se lo puede garantizar a los de 45 ó a los de 50 que están hoy en paro'. Para su homólogo de UGT, Cándido Méndez, el problema del sistema no es la edad legal de jubilación, sino la real, que en España se sitúa en los 63 años y diez meses, que es 'una de las más tardías' de la Unión Europea. Igualmente, los sindicatos cuestionan la propuesta para ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, que ahora está en 15 años, hasta los 20, según han sugerido varios miembros del Gobierno. Para Toxo, es un planteamiento 'peligroso'.

¿Significa esto que los sindicatos se oponen a la reforma del sistema? UGT y CCOO entienden que la Seguridad Social necesita ajustes, pero no los que plantea el Ejecutivo. Las centrales plantean mejorar la relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización realizado por cada persona (lo que técnicamente se conoce como contributividad) o avanzar en la jubilación flexible, abriendo la puerta a revisar los coeficientes que se aplican para penalizar o incentivar el anticipo o el retraso en el retiro. También defienden buscar nuevas fuentes de financiación para el sistema, además de las cotizaciones, que podrían ser a través de impuestos.